Preocupación existe en las universidades adscritas al beneficio de gratuidad, por los 27 mil estudiantes que perdieron el beneficio este año, por atrasarse en sus carreras, lo que según los rectores podría desfinanciar a las instituciones.
Esto, porque de no modificarse la Ley de Educación Superior, para que esos alumnos puedan seguir con el beneficio, se generaría un colapso que los rectores no podrían controlar.
Sin embargo, el ministerio de Educación no tiene contemplado extender la gratuidad para atender la situación de estos alumnos, asegurando que los rectores conocían las condiciones de la ley.
La situación será abordara este jueves en el Consejo de Rectores, reunión de la que participarán por primera vez las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado.
También este jueves, la ministra Marcela Cubillos expondrá que se debe priorizar la educación parvularia por sobre la extensión de la gratuidad universitaria, según informa La Tercera.
Según las cifras del Mineduc, un año extra de gratuidad para esos 27 mil alumnos costaría $ 57.750 millones, monto que equivale a la mitad del financiamiento que requiere el proyecto de ley que creará una subvención para la educación parvularia.
“Estamos optando por focalizar los recursos donde más impacto tienen en los niños. Según demuestra la evidencia, invertir en educación en la primera infancia tiene un impacto decisivo para que el origen socioeconómico no sea determinante en la trayectoria educativa de los niños”, dijo Cubillos a La Tercera.
Por su parte, el presidente de las Universidades Estatales (Cuech) y rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, sostuvo que de no resolver este déficit “habría que decirles a los jóvenes que verán deteriorada la calidad de la educación, porque hay que ser consecuentes: si el objetivo es que haya una educación superior de buena calidad, no creo que el camino sea quitar el presupuesto y dejar un déficit”.
El presidente de las Universidades Públicas No Estatales del Cruch (G9), Óscar Galindo, considera que es un “error” la manera de enfocar de esa manera la política pública. Esto, porque “todos los niveles educacionales requieren apoyo. No se puede poner a las universidades, que son un patrimonio del país, en contra, supuestamente, de ampliar el acceso a la educación preescolar. Somos partidarios de que se amplíe el acceso de los preescolares, pero estas restricciones a las universidades también afectan la inclusión”.