El Consejo Ciudadano de Observadores a cargo de supervisar el proceso constituyente presentó al Ejecutivo dos objeciones respecto a la metodología que se ha utilizado en el proceso.

Según consigna El Mercurio, en uno de los oficios presentados se solicita que en las actas de los cabildos o encuentros locales quede registro no solo de los puntos de acuerdo en el debate, sino justamente se deje registro en los casos que no se logra.

El documento consigna que "los desacuerdos no deben ser discriminados ni los acuerdos sobrevalorados o inducidos".

Respecto a este mismo aspecto el consejo indica que la metodología utilizada se podría prestar para que las opiniones en desacuerdo queden excluidas.

En el segundo oficio los observadores entregaron al ejecutivo 19 interrogantes respecto a la protección de la información personal de quienes participan del proceso.

El reparo respecto al uso de información privada surge después que el movimiento Cabilderos, el que denunció que al momento de inscribirse en el sitio web del proceso ingresaron datos privados, los que no fueron compartidos, pero de todas formas, a través de esa información, funcionarios de Gobierno se intentaron comunicar con ellos.

El consejo indicó: "Nos preocupa el grado de publicidad que a esta información puede dársele, y si el Gobierno puede acceder a ella, las circunstancias y fines, si los hay, para los cuales podría hacerlo".

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