La jornada de este martes, los senadores Francisco Huenchumilla y Jaime Quintana anunciaron un proyecto de ley que busca interpretar las normas sobre la responsabilidad del Estado.
Según explicaron, esta iniciativa busca "establecer y delimitar cuándo el actuar del Estado, por acción expresa u omisión de sus deberes, tiene responsabilidad en daños materiales y patrimoniales, o en perjuicios físicos o morales que deban ser indemnizados, en atención a los contextos de la violencia en La Araucanía y en los hechos de octubre de 2019”.
En ese sentido, el senador Huenchumilla explicó que el objetivo de la moción es "trazar una línea interpretativa, para efectos de que las víctimas puedan invocar la responsabilidad del Estado, y el pago de las indemnizaciones correspondientes por los actos o la omisión del Estado respecto de la protección de todas las víctimas que ha habido de estos procesos de violencia en La Araucanía y en el Estallido Social. O sea, comprende a todas las víctimas. Ese es el sentido político".
Asimismo precisó que "lo que está en juego con las víctimas de La Araucanía, mapuche o no mapuche, y en el estallido social, respecto de participantes y locatarios particulares, es la responsabilidad del Estado (…) la jurisprudencia de la Corte Suprema ha hecho muchas sentencias respecto de cuál es el sentido de la responsabilidad del Estado".
Según consignó la página del Senado, el Senador Quintana señaló que "esta es una invitación unitaria. Los últimos dos años ha habido interpelaciones a todos los poderes del estado y queremos hacernos cargo. No queremos más víctimas y que el estado resuelva de una sola vez este tema a través de una ley, no de una glosa presupuestaria".
Cabe mencionar que el texto propone que la falta de servicio por parte del Estado impute "responsabilidad al órgano (del Estado) por su mal funcionamiento, con independencia de la identificación de funcionarios específicos y de su culpa en la producción de los daños", agregando que se exigirá "la ocurrencia de una anormalidad en la prestación del servicio".
Del mismo modo sostiene que la responsabilidad por falta de servicio "corresponde a todos los órganos de la administración (...) con independencia de que su organización y funcionamiento esté regulado en esta ley general o en leyes especiales".