Tras una semana marcada por declaraciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición, este martes -a partir de las 10.00 horas- el Senado comenzó a revisar la acusación constitucional contra el suspendido ministro de Educación, Harald Beyer.
Durante esta jornada, expusieron los diputados Fuad Chahín (DC), Manuel Monsalve (PS) y Marco Antonio Núñez (PPD), quienes representaron a la parte acusatoria.
Culminada esta etapa, la defensa de Beyer presentó sus descargos, generándose un proceso de réplicas y contra réplicas que se extendió hasta las 19.00 horas.
El miércoles, en tanto, los senadores deberán votar "a conciencia" -según lo establece la Constitución- sobre el futuro del suspendido secretario de Estado.
De aprobarse uno de los tres capítulos del documento, Beyer será destituido con la prohibición de ejercer un cargo público durante un plazo de cinco años.
Cabe destacar que la acusación ya fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado jueves 4 de abril.
LA DISCUSIÓN
A las 10.50 horas, tras una suspensión, comenzó la discusión con la lectura -por parte del secretario Mario Labbé- de un resumen del proceso que hasta ahora se ha llevado a cabo por el libelo presentado por la oposición.
Labbé relató los cargos que la Cámara aprobó en contra de Beyer, que se dividen en tres capítulos acusatorios: "infracción al principio de probidad", "no ejercer control jerárquico sobre dos de las dependencias a cargo del ministerio: La División de Educación Superior y el Servicio de Información de la Educación" y "negativa de fiscalizar el lucro".
Tras la presentación de casi una hora, dan la palabra a la comisión acusatoria de diputados. Partió Marco Antonio Núñez (PPD), indicando "desde el nombramiento de Harald Beyer varios han sido los eventos que ameritaron formarnos la convicción de la pertinencia de la acusación en su contra".
El pepedé apuntó a las facultades que -a su juicio- sí tiene el titular del Mineduc para fiscalizar y regular el lucro en la educación. Argumenta que fue el propio contralor general, Ramiro Mendoza, quien lo aclaró.
"Dicha autoridad (Mendoza) reconoce que estas facultades pertenecen al Ministerio de Educación y en particular a su titular", enfatizó.
También recordó el proceso de cierre que se llevó a cabo en la Universidad del Mar, por todas las irregularidades que ahí ocurrieron. Eso demuestra, indicó, que "tenía y tiene facultades para fiscalizar".
Acusó a Beyer también de tener una conducta que "transgrede gravemente el principio de probidad" por no actuar de inmediato en otros casos de irregularidades, pese a tener la información.
A juicio de Núñez, el suspendido secretario de Estado ha tenido una actitud "contradictoria" al decir -según él- que un día tiene facultades y al otro que no. Para eso, cita distintas declaraciones de Beyer en medios de comunicación.
Además, denunció un "incumplimiento de acuerdos" con los alumnos de la Universidad del Mar, respecto a la reubicación de estos después del cierre de la casa de estudios.
Al finalizar su presentación, Núñez sentenció: (tenemos) absoluta convicción de que el suspendió ministro Harald Beyer debe ser declarado culpable por este Senado".
A su turno, expone Manuel Monsalve (PS), puntualizando que se referirá a los dos primeros capítulos de la acusación.
Siguiendo la misma línea de lo expresado por su colega, acusó a Beyer de "falta de veracidad" y con eso una "falta al principio de probidad" por decir que no conocía denuncias sobre el lucro en las universidades.
"El Ministerio (de Educación) tiene el poder y el deber de fiscalizar a las universidades privadas y puede sancionarlas si estas tienen fines de lucro", recalcó.
Citando en todo momento a abogados que han estudiado el tema, Monsalve precisó que el Mineduc no necesita denuncias para actuar, sino que -según él- también puede realizar fiscalizaciones de oficio.
"Resultan inexplicables las afirmaciones falsas que ha dado Beyer, que faltan a la verdad y que constituyen una falta grave al principio de probidad", sentenció.
Además, indicó que en la cartera de Beyer tenían conocimientos desde principios de 2012 sobre los "hechos delictivos" que ocurrieron en la Comisión Nacional de Acreditaciones (CNA), pero sólo 6 meses después de eso comenzaron a investigar.
Misma demora en el actuar, apuntó, ocurrió con las denuncias de irregularidades en la Universidad Santo Tomás y Uniacc.
Volviendo al tema de la Universidad del Mar, denunció la "inexistencia, a la fecha, de un plan público" para la reubicación de los estudiantes afectados.
El PS enfatizó: "(Beyer) no ha tenido una conducta recta".
"La acusación busca restablecer la fe pública (…) es hora de hacer respetar la Constitución y las leyes", añadió.
Luego, pasando al siguiente punto, Monsalve acusó a Beyer de no ejercer la "tutela jerárquica" para evitar la serie de irregularidades que ocurrieron en estamentos relacionados con su cartera.
"Al no solicitar o no hacer correcto uso de la información recabada, el ministro de Educación ha faltado a sus deberes de fiscalización", destacó, cerrando su alocución.
Tomando la palabra, el diputado Fuad Chahín (DC) aclaró que la acusación no busca cuestionar la idoneidad profesional de Beyer ni tampoco es un ataque personal.
Se trata, aclaró, de una acusación por "su responsabilidad de haber infringido la Constitución y las leyes y haberlas dejado sin efecto".
Refiriéndose al capítulo tres del libelo, referido a la "omisión del cumplimiento de las obligaciones ministeriales", el falangista indicó que Beyer ha tenido una "negativa reiterada" para fiscalizar.
El diputado recurrió a lo expresado por el contralor general, citado antes por sus pares.
"(El contralor) señala que el Ministerio de Educación tiene una musculatura que simplemente no se ha aplicado. No son los acusadores, no son académicos, es el contralor general quien señala la existencia de la facultad tantas veces negada por la defensa del ministro Beyer", aseveró.
Chahín acusó al suspendido secretario de Estado de negarse a investigar las universidades privadas creadas después de 1981, pese a la petición formal de algunos académicos.
Luego, hablándole directamente a los senadores, el legislador añadió: "tal como han podido (notar) por parte de esta comisión informante, como también está establecido en el libelo acusatorio (…) es dable concluir que se constituyen fundamentalmente las siguientes causales de acusación constitucional: infracción a la Constitución, infracción de las leyes y haber dejado las leyes sin ejecución".
"Los fundamentos de esta acusación han sido expuestos. Ahora la definición queda a vuestras conciencias", añadió, dirigiéndose al Senado y terminando su presentación.
Expuesta la postura acusatoria, el timonel de la Corporación, Jorge Pizarro (DC), anunció un receso hasta las 15:30, donde tomará la palabra la defensa de Beyer.
A las 15:43 horas, Pizarro da inicio a la sesión.
El primero tomar la palabra es el propio Beyer, quien parte diciendo que "queremos demostrar de que esa acusación es totalmente infundada y además es una acusación que tiene un carácter fundamentalmente político".
El suspendido secretario de Estado insistió en que, pese a sus "limitaciones", se ha preocupado de utilizar todos los "instrumentos disponibles para fiscalizar". Además, apunto a los "vacíos legales" en materia de regular el lucro.
"Y cuando hemos querido ir más allá, hemos tenido el pronunciamiento de Contraloría", enfatizó.
Beyer recalco que "en el corto tiempo" ha sido "precisamente más activo" que los anteriores ministros de Educación y aclaró que en las transacciones entre distintas sociedades en una misma universidad "dije, y esto es textual, que hay que ver caso a caso".
"Y eso tiene que quedar definido en una nueva legislación" y que el proyecto Superintendencia de Educación Superior pueda avanzar en el Congreso, añadió.
Respecto a la situación de la Universidad del Mar, descartó haber tenido una "prescindencia y liviandad", como acusa la oposición.
"Seguramente hemos cometido errores, pero nuestro único propósito de reubicar a los estudiantes sigue intacto", destacó.
También descartó haber faltado a las distintas invitaciones realizadas por los diputados, aclarando que sólo se ausento a dos sesiones, que coincidieron con el primer día de clases y con su viaje al norte por la inauguración del Observatorio Alma.
"No hay voluntad de ocultar nada, todo lo contrario", aclaró, descartando a su vez demoras en comenzar investigaciones.
"Se espera de ustedes que actúen como jurados y sopesen cuidadosamente los antecedentes", expresó a los senadores presentes.
"Soy el segundo ministro de Educación que enfrenta una situación como ésta y Chile no necesita que más ministros de Educación enfrenten acusaciones como ésta. Así como la ministra Provoste no merecía esta destitución, tampoco creo que yo debería ser objeto de ella", añadió, cerrando su alocución.
A su turno, tomó la palabra el abogado defensor Enrique Barros, insistiendo en que las herramientas del Mineduc para fiscalizar el lucro "son precarias".
Asimismo, siguiendo con lo expresado hace días en la Cámara, enfatizó que la acusación constitucional contra los ministros no es un mecanismo "ordinario, equivalente a la censura parlamentaria".
"Sólo procede en casos excepcionales y por delitos de extrema gravedad", destacó, indicando que buscar la destitución de Beyer "es completamente desproporcionado".
"La acusación es un mecanismo necesario en una Constitución, en una democracia, pero también es peligroso. Es necesario, porque es el único mecanismo para destituir a una autoridad anticipadamente (…) pero es peligroso, pues mediante su ejercicio las mayorías parlamentarias pueden obstruir la función el Gobierno", agregó.
Luego, interpelando a los senadores, aseveró: "no pierdo la esperanza de que prevalezca un espíritu noble y patriota (…) lo que está en juego no es sólo la continuidad del señor Beyer a la cabeza del ministerio, lo más importante es que no se desnaturalice esta institución".
"Sería una irresponsabilidad quitar el espíritu" de la acusación, aseveró, advirtiendo que esto podría pasar con otras leyes.
Tras las intervención de Barros, tomó la palabra el abogado Jorge Bofill, quien habló directamente al Senado.
"Hoy, sus decisiones deben fundarse en consideraciones de derecho", advirtió.
Antes de dar los argumentos, Bofill adelantó: "la acusación constitucional que enfrenta el señor Harald Beyer deberá ser desechada en todas sus partes. La acusación está insubsanablemente viciada".
El profesional refutó la tesis de que los senadores deben "votar a conciencia", aclarando que eso sólo funciona al momento de la evaluación, situación distinta del sufragio, donde -puntualizó- se deben regir por la ley debido a su condición de jueces.
Realizada toda la argumentación previa, Bofill se refirió al error en la redacción del libelo, donde le atribuyen a Beyer responsabilidades propias de la cartera del Interior.
"Lo que se somete concretamente a la decisión del Senado es la declaración de culpabilidad por no haber aplicado facultades que le competen al ministro del Interior (...) ese es todo el petitorio", recalcó.
Cerrando su presentación, enfatizó que la aprobación del libelo "solamente demostraría que en Chile la regla de derecho cede ante otras consideraciones como de carácter político".
Volviendo a tomar la palabra, Barros se refirió a la actual legislación para fiscalizar el lucro. A su juicio, todas las transacciones que hacen las sociedades dueñas de universidades e inmobiliarias no son ilegales.
"Ninguna de las operaciones citadas para lucrar es ilegal, según la legislación actual", expresó, insistiendo en las -según él- pocas atribuciones que tiene el ministro de Educación para realizar las fiscalizaciones.
Sobre la reubicación de los alumnos de la Universidad del Mar, aseguró que "el Ministerio no tiene medios para que esos estudiantes puedan ser acogidos en otras universidades. Bajo la ley actual, el ministerio sólo puede enviar oficios".
Barros ratificó la necesidad de que se apruebe la Superintendencia de Educación Superior para comenzar a realizar las fiscalizaciones.
Asimismo, el defensor desestimó las declaraciones del contralor -citadas por la parte acusatoria- donde señaló que el Mineduc tiene una "musculatura" para fiscalizar.
A su juicio, la Contraloría ha tenido otra postura en todos los dictámenes oficiales, indicando que la cartera de Beyer puede fiscalizar "en el ámbito de las competencias que le atribuye la ley vigente".
Barros también desestimó la acusación de "falta de probidad", calificándola como "chocante", y enfatizando que "el ministro es reconocidamente probo".
"Los acusadores no pueden dirigir un reproche a la persona del ministro y construyen un capítulo con pequeñeces, basado en una supuesta falta a la verdad", declaró.
Sobre este último punto, destacado por la oposición al mostrar declaraciones "contradictoras" del suspendido secretario de Estado en la prensa, Barros aclaró: "No es mentira, es una interpretación".
"No hay absolutamente nada que imputar seriamente al ministro Beyer", reiteró.
"El ministro Beyer no es la causa del problema de la educación chilena. Él ha dado pasos importantísimos hacia la solución en la calidad de la educación, como promotor de la principal reforma educativa (...) él se ha entregado en cuerpo y alma de la educación de este país", agregó, cerrando su presentación.
A su turno, el diputado Fuad Chahín (DC) hizo uso de su derecho a réplica, desestimando de inmediato la petición de la defensa al Senado para que anule el recurso debido al error en la redacción del libelo.
"Quisiera señalar que la facultad exclusiva y excluyente para pronunciarse respecto de la admisibilidad de la acusación es de la Cámara de Diputados", enfatizó, recordando que la defensa no presentó esta queja durante la discusión en la Cámara Baja, donde debió invocar el mecanismo de "la cuestión previa".
Recalcó que al Senado sólo le corresponde votar los tres capítulos del libelo.
Reiteró que el juicio es "político", pero "debe tener bases jurídicas y debe invocarse y probarse la concurrencia de alguna de las causales".
El parlamentario insistió en las "contradicciones" de Beyer al hablar de sus facultades para fiscalizar las universidades y se se refirió a la complejidad para establecer el lucro.
"Podemos estar de acuerdo en que es necesario perfeccionar, naturalmente, nuestro ordenamiento jurídico, para precisar normas. Y también podemos estar de acuerdo en que es necesario mejorar la institucionalidad y la musculatura de la misma", partió diciendo.
Acto seguido, añadió: "pero lo que no podemos estar de acuerdo es que mientras aquello no se haga, no se ejerzan las facultades que se tienen. Facultades de fiscalizaciones que van acompañadas de una sanción (cancelación de personalidad jurídica), que por muy drástica que sea, no puede esgrimirse la gravedad de la sanción para no hacer cumplir la ley".
Asimismo, reconoció que las transacciones entre sociedades no son ilegales, pero indicó que sí lo son cuando se cambian los precios de mercado para favorecer -por ejemplo- a una inmobiliaria ligada a la casa de estudios.
Finalmente, cerrando su alocución, Chahín desestimó el argumento de la defensa respeto a los senadores deben actuar como verdaderos jueces, rigiéndose por reglas del Código Procesal Penal.
"Se debe votar a conciencia", emplazó.
Haciendo uso de la contra réplica, el abogado Jorge Bofill se refirió a las palabras de Chahín respecto a que –pese a ser una acusación política- debe tener una base legal.
"La verdad es que a la defensa sólo eso le basta para decir que si no tiene base jurídica, simplemente no puede prosperar (la acusación)", indicó.
Insistiendo en el error de redacción de líbelo, el profesional destacó que "haquedado en evidencia que el error en el petitorio está confeso".
"La única pregunta entonces que el Senado tiene frente a así son cuáles sonlas consecuencias de eso. ¿Se trata de un mero error de cita o es algo más?", cuestionó, apuntando a que el atribuir facultades del ministro del Interior al del Mineduc vicia todo el proceso.
A su turno, tomó la palabra Barros, retomando los principales puntos de la defensa.
"Honorable Senado, se ha generado injustamente la impresión que quienesvoten la culpabilidad están en contra del lucro y viceversa. Esta impresiónes infundada y carece de toda fundamentación, como bien saben los honorablesmiembros del Senado", expresó.
"Este libelo no es contra el lucro en la educación, este libelo simplementees una manera de evitar la tarea más cuidadosa de quien propone establecer unordenamiento" en materia de educación, añadió.
Cerrando su alocución, Barros pidió al Senado no caer ante los "prejucios de la calle" que podrían existir en esta materia y que no fomenten el "sacrificio injusto, inútil e injustificado de un ministro".