A raíz de la sentencia y posterior huida del país de Karen Rojo, el diputado independiente, Jaime Araya, presentó un proyecto que busca endurecer el arraigo a autoridades que estén acusados judicialmente y que hayan sido electas por voto popular.
La iniciativa obligaría al Ministerio Público a decretar arraigo nacional inmediato a cualquier persona que ostente algún cargo que haya sido otorgado por elección popular. Una vez oficializada la formalización, se debería establecer la prohibición de salir del país al imputado en cuestión.
"Debiera proceder siempre en aquellos casos en que a una persona se le imputen hechos delictivos que afecten la fe pública. Tal es el caso del delito de fraude al fisco, que muchas veces es cometido por personas que detentan cargos de elección popular, lo cual es doblemente reprochable”, enfatizó el parlamentario.
Araya agregó: “Nos preocupa, ya que hay otras ex autoridades que están involucradas en situaciones irregulares en la administración y gestión de fondos municipales, como es el caso, por ejemplo, de Vitacura; Las Condes; o Maipú (…)”.
Para el legislador, el caso del escape de la ex alcaldesa de Antofagasta, sentenciada a cinco años y un día por fraude al fisco, genera una sensación de impunidad por parte de la ciudadanía ante delitos cometidos por autoridades.