La ONG World Visión, que se encarga de velar por la protección de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, catalogó de “pobre” el anuncio en materia de protección de la infancia realizado por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en el marco de la Cuenta Pública en el Congreso Nacional.
El gerente de Operaciones y Advocacy de la institución, Alejandro Cartes, admitió que la Mandataria “no se hizo cargo de la deuda histórica” que se mantiene con el sector, pese a anunciar que durante el año se enviará al Congreso el Proyecto de Ley de Garantía de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
“Esto se iba a concretar en agosto, pero en el anuncio presidencial no entrega una fecha, sino que dice que se presentará el proyecto durante el año. Se trató de un anuncio pobre y simplón en cuanto a la expectativa civil, más bien de carácter administrativo pero que no menciona la institucionalidad. Es importante tener una ley, pero también es fundamental que esta ley funcione. Y ahí no hubo ningún tipo de anuncio”, explicó Cartes.
El experto agregó que “la Presidenta, durante un seminario internacional, mencionó la figura de un Defensor del Niño, que era un gran anuncio, pero que tampoco se mencionó durante la Cuenta Pública”.
Es importante señalar que una de las principales falencias en el sistema de protección de la niñez en nuestro país, dice relación con la inexistencia de un eje articulador de las políticas públicas en esta materia. Resulta imperioso enfocar la agenda pública hacia la promulgación de una Ley Integral de Protección de la Infancia que le dé sistematicidad a la divergente realidad normativa en materia de infancia, la que ha dificultado la conformación de criterios y definiciones compartidos entre todos los actores a nivel nacional.
Por esta razón es que resulta fundamental entender el concepto “protección integral de la infancia” con una visión multidimensional de la pobreza, condición que va más allá de lo meramente económico y que incluye aspectos tan o más relevantes como la salud, educación, vivienda, empleo, seguridad social, entorno y redes de los menores en situación de vulnerabilidad.
Históricamente, uno de los problemas que se le asigna a los sistemas de protección de la infancia es la solvencia estatal para sobrellevar los altos costos que esto implica. Por este motivo, el Estado debe delimitar cuáles son los elementos básicos que le debe garantizar a toda la población, de acuerdo a sus posibilidades financieras, sin que esto signifique que solo serán protegidos unos en desmedro de otros.
El atender de manera diferenciada no se contrapone el principio de universalidad de los derechos; al contrario, puede potenciar su ejercicio y disminuir la desigualdad. Por ello, la focalización de los servicios de protección social hacia los más vulnerables puede ser un camino adecuado para avanzar hacia la universalidad, proceso progresivo y que depende de los niveles de desarrollo y la disponibilidad presupuestaria del país.