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CPLT llama a legislar sobre vacíos legales en financiamiento de campañas: “Puede impactar duramente en la confianza"

El presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada, apuntó a que este vacío legal “puede impactar duramente en la confianza, que ya está mermada, y hay que reaccionar a la brevedad posible”.

24Horas.cl Tvn

Miércoles 31 de diciembre de 1969

Ante las advertencias del Servicio Electoral (Servel) al Gobierno y a los presidentes de ambas cámaras del Parlamento respecto de “vacío legal” que posibilita aportes de empresas y desde el extranjero para financiar campañas electorales, el Consejo para la Transparencia (CPLT) señaló que esta falta de regulación debe ser corregida “a la brevedad”, considerando que en agosto se inicia la campaña para el plebiscito constitucional del 25 de octubre.

El presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada, apuntó a que este vacío legal “puede impactar duramente en la confianza, que ya está mermada, y hay que reaccionar a la brevedad posible”.

“No podemos mantener espacios para prácticas que generaron parte de la crisis de confianza que hoy enfrentamos, por lo que el ideal es legislar y dar impulso a las propuestas que apuntan a dicho objetivo”, añadió Jaraquemada.

El titular del CPLT apuntó también sobre la necesidad de elevar los estándares de transparencia en materia electoral, puesto que “en más de 11 años de experiencia como consejo hemos evidenciado que el único camino para combatir la corrupción y generar confianza es más transparencia”.

“En el momento actual se hace exigible por los distintos actores avanzar en la construcción o en el reforzamiento de la confianza y debiera legislarse sobre el particular”, enfatizó el titular de Transparencia.

En caso de no avanzarse en la tramitación de iniciativas que aborden estas omisiones en materia electoral, el CPLT apunta a autoregularse: “Si no hay una ley, no quedaría otro camino que informar y rendir cuentas de manera proactiva, porque estamos ante un incremento de la desconfianza por parte de la ciudadanía que pone en riesgo nuestro sistema democrático y tenemos que hacer todo lo posible por evitarlo”.

“Un camino, como hemos señalado, es que las distintas entidades que estén detrás de alguna de las alternativas plebiscitarias y que activen campañas electorales, informen sobre los recursos que han dispuesto para su financiamiento, indicando aquellos que provienen de terceros”, afirmó el abogado.

Respecto del plebiscito de octubre, Jaraquemada señaló que “los criterios de transparencia y rendición de cuentas por parte de los partidos o de las instituciones que participen en comandos y campañas debieran aplicarse como buena práctica, aún cuando no se alcance, dado los tiempos legislativos, a aprobar una norma que los haga obligatorios”.

Senador Navarro pide al CPLT fiscalizar gastos y aportes del plebiscito

En tanto, el senador del Partido Progresista, Alejandro Navarro, se refirió a la petición que realizó el Servicio Electoral al Ejecutivo y al Congreso, de regular el “vacío legal” que tiene el plebiscito constitucional, y que dice relación al aporte de empresas y provenientes del extranjero a los comandos por el Apruebo y Rechazo. 

Según Navarro, los aportes provenientes de empresas o desde el exterior “no pueden ser parte del financiamiento del plebiscito por una nueva Constitución. El Servel tiene razón en su advertencia y se deben prohibir”.

Por ello, el senador del PRO propuso que fuese el Consejo Para La Transparencia, el organismo encargado de la fiscalización de los aportes en el proceso eleccionario.

“Es el Consejo Para La Transparencia el que debe constituirse como el fiscalizador de que los recursos no sean utilizados fuera de la ley, en el marco del plebiscito y su publicidad. El Consejo debe jugar un rol de fiscalización permanente de la transparencia de este proceso electoral por la nueva constitución”, señaló.

El parlamentario progresista indicó, además, que se debe incorporar “los gastos y aportes anteriores que se realizaron en el inicio de esta campaña. Dichos aportes se deben calcular, auditar y se deben sumar al monto máximo permitido, de tal manera que nadie quede con ventaja”.

“Asimismo, se deben incorporar sanciones; 5 años de inhabilidad para cualquier cargo público para las personas naturales que violen la ley de financiamiento, y la inhabilidad perpetua, permanente, para los ejecutivos de empresas que fuera de la ley financien esta campaña, estableciendo multas drásticas que sean por lo menos, una multa de 50 veces lo aportado”, planteó el senador.

Con información de Aton y 24horas.cl