El nuevo proceso constitucional ya está en marcha y este lunes la Comisión Experta tendrá su ceremonia de juramento, con la que se dará inicio al proceso de redacción de un anteproyecto de nueva Constitución.
El abogado Jaime Arancibia, integrante de la Comisión Experta, independiente con cupo de Renovación Nacional y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Los Andes, dijo en Canal 24 Horas que hay una "expectativa muy amplia", puesto que existe un "anhelo ciudadano por tener paz en Chile".
En ese contexto, dijo el experto, "es muy importante tener un texto constitucional que nos una a todos. El rol de la Comisión Experta es poder poner al servicio de Chile los conocimientos técnicos de este grupo de personas que ha dedicado su vida —por trayectoria política o académica— a estudiar los temas de derecho constitucional".
Así, las y los 24 integrantes del órgano, buscarán "aunar criterios en torno a una buena Constitución para el siglo XXI".
"Entiendo que existe ánimo y ambiente como para poder ir concretando esos acuerdos en torno a aquellos preceptos que nos permitan entregarle al Consejo Constitucional un texto íntegro, con calidad de especialistas, y que pueda ser debatido por el consejo", complementó el integrante de la Comisión Experta.
"Ya no está en discusión que Chile es un Estado social de derecho"
Consultado por las bases para la redacción del anteproyecto, el abogado manifestó que "todo sirve como insumo para la discusión. Hay bastantes insumos constitucionales, propuestas de centros de estudios académicos, la Constitución vigente, el proyecto en trámite de la ex presidenta Michelle Bachelet, los textos constitucionales de 1833, de 1925, y algunas de las propuestas que fueron consideradas por la Convención el año pasado".
Aquel último punto, detalló el académico, "teniendo presente que varias de esas propuestas —quizá las más radicalizadas— fueron rechazadas por un alto porcentaje de la ciudadanía".
Luego, Arancibia expresó sobre las bases que "ya no está en discusión que Chile es un Estado social de derecho" y que "tampoco está en discusión que la provisión de servicios públicos —sobre todo aquellas que dicen relación con la dignidad de las personas más vulnerables— tiene que ser de provisión mixta".
"Por lo tanto, habrá que discutir de qué modo eso se estructura, pero ya forma parte del ADN de Chile, de que existe un sistema público y privado de provisión de bienes básicos. Es necesario que esa discusión, más que entorno a lo estatal o lo privado, tiene que girar entorno a la calidad y cobertura de esos servicios", cerró.
Derechos sociales clave en la discusión
Sobre los puntos que serán clave en el debate del órgano, el abogado aseveró que "tiene que haber mayor precisión en la discusión de cómo la Constitución asegura mecanismos efectivos de protección de ciertos derechos sociales, y también de reconocimiento de otros derechos que no están presentes en la Constitución. Será necesario reconocerlos".
"Por ejemplo, tiendo a pensar en el derecho al consumo humano de agua potable, a la vivienda digna. No están reconocidos y es necesario reconocer", añadió Arancibia.
"No hay que pasarle a la Constitución el rol del legislador"
Finalmente, el académico afirmó que uno de los errores de la Convención Constitucional fue que "no hay que pasarle a la Constitución el rol que corresponde legítimamente al legislador, que es el encargado de elaborar las políticas públicas que pueden ir cambiando a lo largo del tiempo".
"Cuando uno mira lo que ocurre con la Convención anterior, todas esas reivindicaciones que eran solicitudes que hacía la ciudadanía, en realidad la mayoría de ellas eran materias de ley. Pero, ¿por qué estaban siendo discutidas en una sede constitucional? Porque el legislador, por razones de configuración del régimen político, no había sido lo suficientemente eficaz para sacarlas adelante. Pienso que parte de la discusión también consiste en asegurar un Congreso eficaz", sentenció.