El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile afirmó este lunes que "es posible" llevar a cabo el plebiscito "de manera segura y participativa", en medio de un debate que enfrenta a las autoridades sobre la participación de quienes padecen COVID-19 en la votación.
"La experiencia muestra que, si bien es un proceso complejo, que requiere mucha planificación y consultas, es posible realizar elecciones de manera segura y participativa en el marco de la pandemia", dijo a Radio Cooperativa la representante asistente de PNUD en Chile, Marcela Ríos.
La portavoz de la institución internacional agregó que es "muy importante" que no se implementen medidas que puedan ser vulneradas en términos de la seguridad o que generen dudas a algunos sectores respecto a la legitimidad del proceso.
La declaración del PNUD se da en el marco de un acalorado debate que ha enfrentado a políticos y a las autoridades sanitarias, que están ultimando los protocolos sanitarios para la celebración de la histórica votación que tendrá lugar el próximo 25 de octubre.
"La labor que tiene que desarrollar el ministro de Salud y todo su equipo de especialistas, junto al Servicio Electoral, es buscar un medio de sufragio distinto, especial y diferente, para todas las personas que puedan estar con contagio activo en esa fecha", indicó el diputado socialista, Leo Soto.
El Colegio Médico de Chile (Colmed), junto a otras organizaciones de la sociedad civil, respaldaron la opción de establecer un "voto anticipado por correo postal para casos y contactos aislados por COVID-19" con el fin de promover la participación ciudadana.
En tanto, el presidente del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, explicó que la entidad tiene como obligación "buscar un sistema para que participen las personas COVID positivas".
Según el balance del lunes, Chile roza los 399.568 infectados y supera los 10.916 muertos entre confirmados y sospechosos, 64 en las últimas 24 horas.
El plebiscito, incialmente programado para abril pero pospuesto por la pandemia, es una de las principales apuestas políticas para desactivar la crisis que vive el país desde octubre, con una treintena de fallecidos y miles de heridos, y acusaciones contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos.