Hoy lunes, a las 23:59 horas, vence el plazo para que los consejeros constitucionales presenten las enmiendas al anteproyecto de la Comisión Experta. Sin embargo, este proceso no ha estado exento de polémicas, pues los sectores que componen el pleno no han alcanzado un consenso respecto a las normas base que contiene el texto.
Pese a ello, en conversación con 24Horas.cl, el consejero de Convergencia Social, Yerko Ljubetic, asegura que las conversaciones han avanzado y que se logró un intercambio de opiniones entre los partidos de oposición y el oficialismo.
Si bien el exministro asevera que los resultados de esta jornada podrían cambiar el tono y derivar en una polarización aún más grande, afirma que desde su partido tienen la disposición para alcanzar un consenso.
"En los últimos días, afortunadamente, hemos tenido espacios de conversación. Era algo que habíamos estado reclamando desde hace algún tiempo, pues nos parece súper importante que haya al menos estos espacios de intercambio de opinión previo al día lunes, que es el día en que se cierra el plazo para presentar las enmiendas. Entonces, parecía del todo conveniente tener algunos intercambios, aunque fuesen informales, antes de que eso ocurriera", sostuvo el consejero.
¿Cómo está el tono al interior del Consejo Constitucional? ¿Se ha logrado abrir el diálogo con el Partido Republicano?
"A medida que todos los sectores vayamos incorporando nuestras enmiendas, ese será el momento de tener una posición respecto de lo que unos y otros han planteado en esa instancia. Mientras tanto creo que es importante mantener los canales de comunicación. Cosa que después de este lunes, ojalá no se convierta en un momento de tensión y crisis para el proceso que estamos llevando adelante.
Hemos tenido la posibilidad de intercambiar puntos de vista, en el sentido de ir haciendo una especie de sondeo de cuáles son los puntos relevantes para cada sector, que la contraparte los tenga en consideración a la hora de tomar sus decisiones que son cuestiones propias de un proceso que aún no es de negociación. Es muy importante que los sectores manejen cuáles son las áreas sensibles y de mayor prioridad para su contraparte, de tal manera que ese dato sea parte del análisis a la hora de tomar sus decisiones. Ese es el sentido de las conversaciones que hemos generado estos días.
Uno puede predecir para adelante que, en función de lo que ocurra este lunes, no sólo desde el punto de vista del contenido de las enmiendas, sino que también la disposición con las que estas se planteen, ahí se podrá evaluar más formalmente cuáles son los espacios que efectivamente existen o no para un proceso de negociación, que es el propio de un proceso como este".
¿Qué tanta posibilidad hay de avanzar o incluir en este proyecto de Constitución los temas o normas que ustedes buscan impulsar?
"Si uno se incorpora lealmente a un proceso como este, tiene que estar disponible a que sus planteamientos e intereses se puedan conversar desde el punto de vista de expresarse en posiciones, respecto a las cuales sea posible hacer un esfuerzo para que haya un nivel mínimo de coincidencia.
Eso es lo que se espera de los que integramos el Consejo Constitucional. Esto puede ocurrir o no, no estamos obligados a lo imposible si es que no hay espacio para que las posiciones más relevantes de un sector u otro sean posible de convertir en alternativa conciliables.
Es difícil. Más allá de que no se maneja información específica sobre las enmiendas que la mayoría circunstancial de este consejo vaya a incorporar, todo indica que va a ser un proceso difícil, en el que va a haber que empeñar mucha voluntad, esfuerzo e imaginación. No hay forma de garantizar los resultados, las alternativas están abiertas, pero para resolverlas hay que pasar por este proceso de conversación y negociación, que es lo que se viene en las próximas semanas".
Las dos iniciativas populares más votadas por la ciudadanía no se ajustan a las normas que ustedes buscan impulsar. En ese sentido, ¿qué posición va a tener Convergencia Social frente a la iniciativa “Con mi plata no” que fue la segunda más apoyada?
"Para precisar bien las expectativas, las iniciativas populares de norma no son vinculantes desde el punto de vista de su incorporación a un eventual texto constitucional, sino que son vinculantes en el sentido de que nos obligan a su discusión.
Dicho eso, habrá que encarar la discusión sobre estos asuntos. En particular, esta iniciativa que se reitera del proceso anterior que es ‘Con mi plata no’, nosotros vamos a tener serias dificultades para conciliar los contenidos de esa propuesta con lo que caracteriza a un Estado social de derecho, que es una base fundamental del proceso.
Avanzar a la construcción de un efectivo sistema de seguridad social supone niveles de solidaridad y mecanismos de cotización y de administración de las cotizaciones que suponen que unas generaciones, una parte menor de sus cotizaciones, está orientada a la solidaridad intergeneracional. Es decir, otros que no tienen asegurada una pensión digna, puedan tenerla no sólo en virtud de los aportes del Estado, vía tributaria e impositiva, sino que también desde el punto de vista del co-financiamiento al que tenemos que concurrir quienes tenemos mejor condición, respecto a quienes no han tenido una vida laboral que les permita asegurar una pensión digna.
Eso es precisamente lo contrario a lo que encierra la propuesta ‘Con mi plata no’, que se funda un poco en lo que hemos visto todos estos años, en materia de un sistema que no es un sistema de seguridad social, sino que es un ahorro individual que es administrado por una AFP y que ha sido incapaz de aportar a una solución efectiva para el problema de la inmensa mayoría de las personas".
¿Y el no incluir este tipo de iniciativas en la propuesta de Constitución podría derivar en que la ciudadanía se desmarque aún más de participar en este proceso?
"Este proceso marcha con dificultad y con un nivel muy evidente de desafección ciudadana, más allá de las iniciativas populares de norma. Eso no va a ser un elemento determinante en las posibilidades de éxito de este proceso. El elemento determinante, que no va a garantizar el éxito del proceso, pero que le abre posibilidades de cerrar razonablemente el capítulo constitucional con el apoyo de la ciudadanía es la capacidad de acuerdo que haya entre todos los sectores del consejo constitucional.
A mi juicio, sólo un texto que sea capaz de reunir el acuerdo de todos los sectores que estamos aquí presente es lo que le da posibilidades de éxito a este proceso y que, finalmente, en diciembre la ciudadanía termine respaldando lo que se le proponga. Si hay la idea de llevar adelante un texto que sea simplemente la imposición de los puntos de vista de la mayoría circunstancial, me parece que ese proyecto está condenado al fracaso".
¿Cómo se logra que ese consenso y esa disposición a diálogo no se vean afectadas por la contingencia? ¿Cómo se desmarca el Consejo de lo que está ocurriendo con el Caso Convenios y, al mismo tiempo, la polémica generada por la justificación del golpe de Estado de ciertas figuras políticas?
"Desde el primer día, y en eso creo que hay un cierto consenso, hemos tratado que el debate constitucional no sea afectado ni atravesado por la contingencia. Si algún sector quiere traer la contingencia al proceso para sacar ventajas de corto plazo, eso compromete gravemente las posibilidades de éxito que tenemos.
Hasta ahora, hemos marchado tratando de mirar esto con cierta perspectiva. Estamos hablando de un proyecto que tiene que fijar nada menos que las reglas de convivencia políticas y sociales de nuestro país para el futuro. Entonces, creo que es esencial que esa mirada sea capaz de trascender las fricciones y las tensiones propias de la contingencia.
En segundo lugar, creo que va a ser determinante el que podamos encarar el debate de las próximas semanas buscando el mayor nivel de acuerdo posible, pero en aquellas cosas que no logremos ponernos de acuerdo, que seamos capaces de dejar la cancha despejada para el debate político y democrático para el futuro, que permita que la ciudadanía, sin limitaciones de la Constitución, pueda tener una cancha despejada para un debate que permita que se vayan tomando decisiones".
¿Pero ve disposición entre los integrantes del consejo de desmarcarse de la contingencia?
"Veo la capacidad de apartarse de la contingencia inmediata. Ahora, sin duda y es natural que así sea, hay fenómenos sociales que nos han venido acompañando en los últimos años, que los distintos sectores podemos ver en la Constitución un espacio importante para avanzar hacia esas soluciones. Algunos ven la oportunidad de avanzar en instrumentos que nos permitan mejorar en aspectos, como por ejemplo, en la seguridad ciudadana.
Otros veremos, en el mismo sentido, la posibilidad de que aquí hagamos un aporte a la solución, por ejemplo, del problema histórico del conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile. Bueno, veremos en la Constitución la posibilidad de incorporar elementos que contribuyan a avanzar en soluciones de ese problema que nos ha acompañado con mayor intensidad en los últimos años.
Ha habido una capacidad de apartarse de la polémica inmediata y las tensiones del día a día que hay en la política nacional, pero esto no quiere decir que los distintos sectores no veamos que, respecto de fenómenos que se han constituido como preocupación en el país en los últimos años, haya aquí la posibilidad en la Constitución de lograr acuerdos que permitan encarar con mayor eficacia ese tipo de problemas".
¿El Caso Convenios y la polémica generada por la justificación del golpe de Estado de ciertas figuras políticas son una oportunidad para rediseñar el sistema político o serán los determinantes para un nuevo fracaso del proceso constituyente?
"El tema 'convenios' ha suscitado un saludable interés compartido que la Constitución avance en materias relativas a la probidad, a la transparencia y a los estándares de rendición de cuentas, y otros elementos que son propios de un Estado democrátrico. Hay un interés compartido de revisar que esta Constitución pudiera suscitar acuerdos en torno a elementos que ayuden a combatir el fenómeno de la corrupción.
No hemos hablado del tema 'convenios' ni de los conflictos que esto ha generado, sino que hemos podido y espero que eso se mantenga, mirar las cosas con una perspectiva más a largo plazo y decir que la Constitución debiera, desde nuestro punto de vista, hacerse cargo no sólo de elevar los estándares de probidad y transparencia en la función pública, sino que también hacer exigencias e imposiciones de estándares de transparencia y rendición de cuentas a las entidades privadas que administran o ejecutan recursos públicos que es un nivel no desarrollado en la Constitución actual".