El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió a la controversia generada por la presunta solicitud del fiscal Patricio Cooper de intervenir el teléfono celular del Presidente Gabriel Boric en el marco del caso ProCultura. La petición habría sido rechazada por el Juzgado de Garantía, pero su sola existencia ha provocado tensiones entre el Ejecutivo y el Ministerio Público.
En entrevista con Estado Nacional, Gajardo enfatizó que "lo que hace el Presidente de la República es bastante natural dentro de cualquier funcionamiento democrático", destacando que en un Estado de Derecho existen inevitables roces entre los poderes del Estado, para los cuales incluso la Constitución contempla fórmulas institucionales como las "contiendas de competencia". Sin embargo, precisó que el escenario actual no alcanza ese nivel. "Estamos básicamente en un momento en el que se ha visto una investigación que tiene cierto impacto en el Poder Ejecutivo", puntualizó.
El ministro enfatizó cuatro puntos centrales manifestados por el Presidente Boric en relación con este caso: "Toda la colaboración con el Ministerio Público; una irrestricta separación de poderes; la necesidad de que los órganos funcionen dentro del marco de sus atribuciones constitucionales y legales; y la preocupación por las filtraciones, porque eso afecta la propia investigación penal".
Consultado sobre si la intervención telefónica al Mandatario era compatible con el principio de que "hay que dejar que las instituciones funcionen", Gajardo recalcó que el Ejecutivo ha actuado conforme al marco jurídico y que "el Presidente ha sido muy claro en que nadie está por sobre la ley (...) y que las instituciones funcionen significa que deben realizar lo que establece su mandato, sin ningún tipo de interferencia".
Si la presunta solicitud de intervención de la Fiscalía, que habría sido rechazada por el tribunal competente, fue adecuada o no, Gajardo señaló que el Ejecutivo sólo conoció del caso por trascendidos, debido al carácter reservado de la investigación: "No tenemos antecedentes formales y ahí viene nuestra preocupación como Ejecutivo... ¿por qué nuevamente tenemos una filtración de un caso complejo, sensible, que puede afectar incluso la propia investigación penal?".
"Nuestra legislación establece mecanismos de control, ninguna institución actúa sin controles y eso es muy relevante, por eso tenemos que proteger mucho nuestro sistema institucional y es ahí cuando el Presidente de la República dice que las instituciones funcionen, significa que el sistema institucional funcione", sostuvo.
En cuanto al riesgo que correría la autonomía del Ministerio Público, el ministro fue enfático: "No, bajo ninguna circunstancia (está en riesgo). Yo creo que el Ministerio Público ejerce sus funciones constitucionales, que lleva adelante la investigación penal de manera objetiva, la protección de las víctimas y testigos sin ningún tipo de interferencia".
Frente a eventuales usos políticos por parte de fiscales, Gajardo sostuvo que, si bien el sistema institucional puede estar expuesto a malas prácticas individuales, existen mecanismos de control y aseguró que "tenemos un sistema suficientemente bien equilibrado (...) si hay algún fiscal que esté utilizando inadecuadamente su cargo, tendrá que responder ante la fiscalía o, eventualmente, ante la justicia. Creo que ningún sistema institucional está libre de que alguna persona no ejerza sus labores como corresponde".
Finalmente, el ministro reafirmó su confianza en la institucionalidad: "Considero que el Ministerio Público es una autonomía constitucional que ejerce adecuadamente sus atribuciones constitucionales y legales (...). Y si hay algún tipo de atribución que no se ejerce conforme a la Constitución y la ley, lo verán los tribunales".
Es importante señalar que durante la investigación en el caso ProCultura, que involucra transferencias de fondos públicos a la fundación homónima, según Ex-Ante, en el celular de Jorge Flies, gobernador de Magallanes, la PDI halló chats con el fundador Alberto Larraín donde este le relató supuestas conversaciones con Boric pidiendo acelerar la aprobación de proyectos de la fundación en la zona, que finalmente no se llevaron a cabo.
En virtud de esto fue que se solicitó la intervención al teléfono del Presidente Boric que, aunque rechazada, fue vista por el Gobierno como una medida que podría comprometer la seguridad nacional, dada la naturaleza de las comunicaciones presidenciales.
