El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, abordó el caso de Alberto Carlos Mejía Hernández, quien fue dejado en prisión preventiva por su presunta implicancia en el sicariato de José Felipe Reyes Ossa, autodenominado el “Rey de Meiggs", y luego fue dejado en libertad el 10 de julio tras una posible negligencia en términos administrativos, la cual está siendo investigada.
En concreto, la autoridad se refirió al error que se cometió en torno al nombre del imputado, hecho que derivó en su libertad.
Cabe recordar que, en primer lugar, la jueza Irene Rodríguez, del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, firmó una resolución de prisión preventiva, a las 20:17 del 09 de julio. Sin embargo, este documento presentaba un error en el nombre del individuo, y se emitió otro que rectificaba la información y anulaba lo anterior. Luego de esto, se entregó un tercer documento a Gendarmería con el nombre correcto del sujeto formalizado por sicariato y con la respectiva orden de prisión preventiva.
A raíz de esta situación que Genarmería determinó liberar a José Felipe Reyes Ossa, ya que tomó en cuenta la segunda resolución. De esta forma, el sujeto fue dejado en libertad el 10 de julio a las 20:40 horas.
¿Qué dijo el ministro Gajardo?
En Estado Nacional, la autoridad ahondó en los correos enviados a Gendarmería con las resoluciones firmadas por la jueza, y aseguró que en esos mails se debió alertar sobre la medida cautelar del imputado, que debía seguir en la cárcel Santiago 1.
"(A Gendarmería) le llega por el conducto regular y tiene que ver si la resolución está firmada a través de los medios que establece el protocolo, que es firma electrónica. Hay un un proceso de verificación, chequea que sea una orden judicial válida, que haya llegado por el conducto regular, para que no haya ningún tipo de suplantación, o de la identidad de la jueza, o sea un documento que no corresponde o que haya llegado de una manera irregular", explicó Gajardo.
Bajo este contexto, aclaró que un gendarme no puede "dudar" del "fondo de las resoluciones judiciales. "Eso es algo que Gendarmería no tiene permitido por ley, y en ese sentido no corresponde que lo haga", puntualizó.
En esa línea, la autoridad agregó que "sería muy importante que el correo o la resolución le haya dicho, 'mantenga la prisión preventiva', 'Alerta, dejamos sin efecto la orden anterior que dispusimos dejar sin efecto la medida cautelar y ordenar su libertad'. (...) Lo que dice el correo es que no da ninguna alerta, si ese es el problema".
Según el secretario de Estado, "cuando llega un correo al día siguiente (el 10 de julio) a las 12:00 horas, que deja sin efecto (la primera resolución), lo que hace Gendarmería es decir: 'Esta, al parecer, es respecto a la prisión preventiva que tenemos', porque ese correo no dice 'le estamos notificando la resolución definitiva en razón de que habíamos corregido y lo que dejamos sin efecto no lo tome en consideración'. No hay ninguna alerta", cuestionó.
"Entonces, todo esto se tiene que investigar de todas maneras, si eventualmente hubo una falta de diligencia del funcionario Gendarmería, si eventualmente hay algún tipo de concomitancia y, por ende, la comisión de algún delito entre algún funcionario de Gendarmería y alguien en los tribunales, por qué se hace una notificación a las 12 del día, después se hace otra a las 2 de la tarde, por qué con horas de diferencia. Todo eso se tiene que investigar de manera muy exhaustiva", manifestó.
"Yo creo que aquí no cabe ni la ingenuidad ni la autocomplacencia", apuntó el ministro.
Finalmente, declaró que "hoy hay un fiscal investigando esto, hay un proceso disciplinario abierto por la Corte de Apelaciones de Santiago y además nosotros, en el caso de Gendarmería, le instruimos al director que esto lo investigara exhaustivamente y hay un proceso administrativo abierto. El fiscal además está investigando tanto al Poder Judicial como a Gendarmería".
