Este viernes, Celestino Córdova, quien se encuentra cumpliendo condena de 18 años de cárcel por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, depuso la huelga de hambre seca que llevaba adelante. La manifestación se sumó a una huelga de hambre líquida que el comunero llevaba adelante durante más de 70 días .
La determinación del machi se dio tras una visita del subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, y del director nacional de Gendarmería, Christian Alveal, quienes llegaron hasta el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, donde se encontraba internado luego de sufrir complicaciones de salud. Su demanda es que se aplique el Convenio 169 y se le permita seguir cumpliendo la condena en su domicilio.
Esto desató fuertes por parte del diputado UDI e integrante de la comisión de Defensa, Osvaldo Urrutia, quien cuestionó el acercamiento que tuvo el Gobierno con Córdova, a quienes -según indicó su vocera- le ofrecieron una serie de privilegios al interior de la cárcel de Temuco.
Dichos beneficios consistirían en la posbilidad de poder realizar ceremonias espirituales al interior del penal, recibir una visita conyugal todas las semanas y permitir la libre conveniencia de los comuneros mapuches que se encuentran en el recinto penitenciario.
URRUTIA: "SE ESTÁ DANDO UNA VERDADERA SEÑAL DE IMPUNIDAD"
Al respecto, Urrutia aseguró que “ningún gobierno debiera ceder ante presiones violentas como las huelgas de hambre”, agregando que “se está dando una verdadera señal de impunidad a los familiares del matrimonio Luchsinger-Mackay y a todos los chilenos que han sido víctimas de atentados terroristas en el sur de nuestro país, donde se ha dado muerte a personas y se ha destruido hasta el cansancio la propiedad pública y las fuentes de trabajo de las familias”.
“Más que ir a negociar directamente con terroristas condenados por la justicia, el Gobierno debiese interponer un recurso ante los tribunales para que obliguen a estar personas a alimentarse por la fuerza y así cumplan con la condena que merecen. Eso es lo que corresponde en un estado de derecho, y no entregar beneficios intrapenitenciarios a una persona que asesinó a un matrimonio de adultos mayores con ensañamiento y sin ninguna compasión”, criticó el parlamentario UDI.