En fallo unánime, la Primera Sala de la Corte Suprema rechazó el recurso de casación presentado por el Instituto Profesional Santo Tomás de Temuco en contra de la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco que en octubre de 2010 había ordenado el pago por responsabilidad contractual en que se vieron afectados 113 alumnos.
El tribunal de alzada había establecido la responsabilidad contractual del centro educacional al no ofrecer campo laboral para una carrera ofertada, por lo que deteminó pagar $ 1 millón a cada uno de los estudiantes afectados.
En aquella ocasión, los jueces aseguraron que "el incumplimiento del cual fueron víctimas los actores por parte de la institución demandada, les causó un daño moral, pues al ingresar a estudiar a cualquier institución de enseñanza superior, como las que hoy existen en gran número en nuestro país, el joven, en la etapa de la adolescencia de su vida, lo hace con la esperanza de lograr un título profesional que le permita desarrollarse como ser humano, tener un trabajo digno y estable, lograr formar un familia y proyectarse, al final, hacia el futuro".