El Gobierno presentó una querella invocando la Ley de Seguridad del Estado contra los firmantes de una carta emitida por comunidades mapuche, en la cual anuncian la toma de terrenos en la región de La Araucanía.
De acuerdo con el texto, los comuneros indicaron que iniciarán un "proceso de restitución de tierras ancestrales, colindantes a nuestras comunidades", asegurando que "la tierra que poseemos es insuficiente de acuerdo al crecimiento de nuestra población", consignó El Mercurio.
Del mismo modo se mostraron críticos hacia los mecanismos de compra y venta establecidos en la Ley Indígena, indicando que el convenio 169 de la OIT plantea en su artículo 19 "la asignación de tierras adicionales" para garantizar "los elementos de existencia normal".
Asimismo, la carta se encuentra firmada por cuatro comunidades de Traiguén que son las de Antonio Aniñir, We Juan Maika, y Toledo Cheguan Antipi 1 y Meli Foli Wechekeche de Unión Temulemu, y otras organizaciones de Victoria denominadas Juan Canuleo Pineleo 2 y Victorio Millán.
En tanto, los sitios que serían ocupados por los firmantes de la misiva serían los de Santa Ana, El Canelo, El Desengaño, El Manzano, El Esfuerzo, El Maiteco, Don Tito, Magallanes y Requén, que son destinados para distintas faenas forestales o de trabajo agrícola, establece el texto.
El propio ministro del Interior, Víctor Pérez, visitó la provincia de Arauco durante este miércoles, para reunirse con la familia del joven Moisés Orellana, quien fue asesinado por desconocidos en las cercanía de un ataque incendiario.
"Vamos a colaborar en encontrar a los culpables, que tienen que ser puestos a disposición de la justicia. Los asesinos de Moisés tienen que ser castigados por la justicia", acotó el titular de Interior durante su visita, donde también se refirió a la carta enviada por las comunidades.
Pérez indicó que "nadie puede, a través de una carta ni por ningún otro medio, anunciar que va a cometer delitos, que va a realizar un hecho de violencia sin tener ninguna sanción por ello", agregando que "las tomas son, de por sí, hechos violentos y, por eso, hemos recurrido inmediatamente a los tribunales de justicia".