La Brigada Investigadora de Trata de Personas Metropolitana de la PDI, logró la detención de una mujer de nacionalidad paraguaya acusada del delito de facilitación a la prostitución internacional de seis víctimas, a las cuales mantenía en departamentos en Copiapó, donde eran vigiladas con cámaras de seguridad, y eran obligadas a prestar servicios sexuales a los clientes impuestos por la detenida.
Sin embargo la investigación que se venía desarrollando desde hace meses, pudo constatar que hay otras 30 mujeres vinculadas, todas de nacionalidad paraguaya.
El subprefecto Giordano Lanzarini, jefe de la Brigada Investigadora de Trata de Personas Metropolitana, explicó que la detenida procedía a captar mujeres jóvenes de entre 18 y 24 años para trasladarlas desde Ciudad del Este en Paraguay a la ciudad de Copiapó en Chile.
“Lo que hacía esta mujer inmediatamente una vez que arribaban sus víctimas a Chile, era publicarlas en páginas de scort, y las instalaba en diferentes departamentos de la ciudad para ser explotadas sexualmente”, indicó el subprefecto, quien además agregó que la detenida también aparecía publicada en las mismas páginas donde estaban publicadas sus víctimas.
Asimismo se detalló que la imputada pagaba los tickets aéreos de sus víctimas y una vez en Copiapó, las mujeres debían pagar con sus servicios sexuales el gasto del viaje a Chile, además de otras comisiones que debían pagar por conceptos de residencia y gastos.
“Según los antecedentes con los que contamos operaba hace más de 7 años con el mismo modus operandi. Ayer, en las entradas y registros a los distintos domicilios en Copiapó, se logró rescatar a seis víctimas. La mujer detenida contaba con permanencia definitiva en nuestro país, sin embargo, las víctimas ingresaban como turistas, con un discurso aprendido, señalando que venían de turistas, situación que las vuelve muy vulnerables y susceptibles a ser víctimas del delito de trata de personas”, explicó Lanzarini.
La trata de personas involucra captar, trasladar y acoger a una persona, en este caso con el fin de la explotación sexual, explica el subprefecto. “Estas mujeres no tenían completa libertad de sus movimientos, tenían su libertad parcialmente restringida. La imputada las controlaba con cámaras de vigilancia las 24 horas del día, las víctimas no podían elegir a sus clientes y no podían ni siquiera decidir qué servicios prestar. Todo era siempre administrado por la imputada quien era la que se llevaba las ganancias”, dijo Lanzarini.
Las mujeres ingresaron al protocolo de víctimas de trata de personas. Allí se les da apoyo integral para todas sus necesidades. Entre ello, se les ofrece retornar a sus países de origen o se les da a petición del Ministerio Público, un permiso especial para que sigan residiendo en Chile.
