La gran duda era cuándo llegaría este informe, y si acaso respondería a los reclamos interpuestos por la Cámara Franca.
Finalmente llegó el día, y la contraloría entregó el documento.
La contraloría fijó un plazo de 60 días para llevar a cabo lo estipulado, proceso que se verá enfrentado a cambios de mando.
Por parte de la Sociedad de Rentas inmobiliarias, manifestaron su total disposición para poder corregir lo estipulado en las conclusiones del informe, como aumentar las fiscalizaciones, y mantener los precios establecidas de los locatarios.
Un capítulo más en esta polémica, que deberá ser resuelta en el nuevo gobierno.