Fue un desastre natural que requirió de la inmediata disposición de fondos de emergencia para remover los escombros. Obras por las que el Gobierno Regional canceló 964 millones de pesos a la empresa Rayén S.A. Fondos que desde un principio cuestionaron los mismos afectados, asegurando muchos trabajos jamás se hicieron. A poco de cumplirse 2 años desde el aluvión y tras un informe de Contraloría que confirma 457 millones no estarían justificados, una fiscalizadora de la entidad llegó a investigar.
Los dineros sin rendir corresponderían a 2 de los 15 contratos celebrados por la empresa y el gobierno regional según el informe de Contraloría. La fiscalizadora de la entidad realizará diversas entrevistas.
Desde Contraloría indicaron las entrevistas tienen carácter de confidencialidad, pericias que a casi dos años del aluvión establecerán eventuales irregularidades.