En 1922, José Santos Sáez regularizó la propiedad de un predio de 11 hectáreas a orillas del mar, entre el casco histórico de Coronel y Playa Blanca. Ahí estaba instalada la familia Marihuén, cuyos miembros se dedicaban a la agricultura, el pastoreo de animales, pesca y la recolección de algas.
91 años después, sus descendientes se preparan para enfrentar un desalojo que incluirá a las nueve familias que ocupan el sitio, y que perdieron un juicio por la propiedad del terreno, pleito legal que fue facilitado porque los abuelos no hicieron las posesiones efectivas de los predios, y por el incendio que en la década del 90 redujo a escombros el archivo de Bienes Raíces de Coronel.
Tras el fallo de la Corte Suprema, la familia está dispuesta a resistir su salida, ""por la vía que sea necesaria"" dijo el lonco Alex Marihuén. Recibieron el apoyo del alcalde Leonidas Romero, del director de Conadi Biobío, Julio Anativia, la diputada Clemira Pacheco, los estudiantes del Liceo Coronel y una serie de comunidades mapuches de Biobío y la Araucanía.
Para este miércoles, está fijado el desalojo de las familias por parte de la Fuerza Pública, salvo que algo ocurra en las próximas horas.