La Corte de Apelaciones de Concepción acogió el recurso de protección presentado por pescadores y vecinos de Coronel, pero rechazó paralizar las funciones de la planta Bocamina I. El tribunal de alzada también ordenó,en un plazo de ocho días, a la autoridad sanitaria elaborar un informe para especificar las consecuencias que traería la contaminación a la salud de las personas. Una experta del Eula de la Universidad de Concepción advirtió que la población está expuesta al daño medioambiental y que los riesgos podrían ser graves. Además, señaló que necesariamente se debe practicar un estudio epidemiológico a la comunidad para medir el real impacto de la concentración de metales pesados.