La Fiscalía Regional del Biobío se refirió a los procesos de investigaciones que se están desarrollando a partir de las emergencias ambientales del pasado 4 y 21 de agosto de 2018 en las bahías de Talcahuano y de Quintero-Puchuncaví.
Al respecto, plantearon que éstas "se encuentran en pleno desarrollo y con un importante grado de avance".
Además, plantearon que "las referidas causas están a cargo de la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena Ramos, quien trabaja con la fiscal especialista en delitos medioambientales, Ana María Aldana Saavedra, y las diligencias las realizan expertos de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI)".
Agregan que, hasta ahora, los antecedentes reunidos en las indagatorias están contenidos en 17 tomos, y cada uno de ellos tiene en promedio 350 páginas. En tanto, se han tomado 129 declaraciones a personas, tanto en calidad de testigos como de imputados.
"Se ejecutaron dos órdenes de entrada, registro e incautación, en dependencias con interés criminalístico, debidamente autorizadas por los tribunales. Además, se ha despachado una treintena de órdenes de investigar, peritajes e instrucciones particulares a la policía, como también requerimientos de información a entidades específicas", indica el documento.
Por último, sostienen que "existe también abundante evidencia que está siendo estudiada por los especialistas de la PDI", todo esto, con la intención de esclarecer los hechos que afectaron a las comunidades del Gran Concepción y Quintero-Puchuncaví.
Asimismo, se busca dilucidar la existencia de delitos y las eventuales responsabilidades penales, y con el análisis de todos los antecedentes ya obtenidos, "más los que se alleguen en lo sucesivo, la Fiscalía del Biobío adoptará las decisiones jurídicas que correspondan, las que serán comunicadas en las instancias procesales establecidas en la ley".