La tarea era compleja y por eso duró dos días, hablamos de la formalización de cargos contra diez detectives de la PDI, imputados por su presunta participación en los delitos de detenciones ilegales, apremios ilegítimos, abusos contra particulares, falseo de datos, entre otros ilícitos. El juez de garantía, Rubén Bustos, determinó la medida cautelar de firma quincenal y mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas para un grupo de detectives, y de prisión preventiva en un recinto policial a dos de los funcionarios de la PDI.
