En juicio simplificado, el Juzgado de Garantía de San Javier determinó 300 días de presidio con pena sustitutiva de remisión condicional y con autorización para salir del país a J.P.O., la mujer imputada por el delito de atentado contra la salud pública en el caso dominado "paciente cero de la variante Delta".
La acusada de 43 años aceptó su responsabilidad tras violar la burbuja sanitaria del permiso humanitario que había recibido para salir del país. Había llegado a Chile desde Miami y no respetó la cuarentena para asistir al funeral de su padre.
También fue condenada a pagar una multa de 200 UTM, $10.442.600 con el valor de agosto. Dicha información la entregó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, durante un operativo de vacunación para rezagados.
Además, fue sancionado el matrimonio que acompañó a la imputada desde Santiago hasta San Javier. Fueron sometidos a un procedimiento de suspensión condicional por un año, con una donación en insumos sanitarios a la Cruz Roja de San Javier equivalente a $300 mil. Además, deberán fijar domicilio por un año e informar cualquier cambio a la Fiscalía local.
El fallo llegó después de que la fiscal Viviana González comunicó un acuerdo ante el magistrado Rodrigo Fuentes, del Juzgado de Garantía de San Javier, con las defensas de los tres imputados.
El secretario del Colegio Médico en el Maule, Carlos Toha, destacó que la sentencia sienta un precedente: "La diferencia que marca, es que aquí efectivamente hay un atentado a la salud pública en donde, esta paciente portadora de la variante delta de Covid, podría haber expuesto a muchos san javierinos".