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Corte de Valparaíso rechaza recurso de protección contra AFP por retiro de fondos de pensiones

El recurso rechazado fue interpuesto debido a la negativa de la AFP de devolver el dinero de las pensiones el pasado 26 de junio a dos porteños que tendrán una jubilación que no supera los $90 mil.

24Horas.cl Tvn

Martes 5 de noviembre de 2019

Tanto José Hernández como Rosa González solicitaron el pasado 2 de junio a la AFP Provida el retiro de su fondo de pensiones debido a que se dieron cuenta que su jubilación no superaría los $90 mil mensuales, solicitud que les fue denegada por Provida, por lo cual presentaron un recurso de protección en contra de la AFP ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que finalmente resultó rechazado.

El recurso de protección de Hernández y González se amparaba en el derecho de propiedad que tienen sobre sus fondos de pensiones y que la negativa del retiro de esos fondos por parte de la AFP aludida, es una "vulneración a facultades esenciales del derecho de dominio, de la posibilidad de usar, gozar y disponer de sus ahorros".

En respuesta a lo anterior, la Corte de Apelaciones, si bien en el fallo reconoce el derecho a la propiedad, alude al artículo artículo 19 N°18 de la Constitución el cual  "importa una restricción a la garantía constitucional del derecho de propiedad. En efecto, el artículo 19 N°24 inciso segundo de la Constitución política de la República reconoce que sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social".

El fallo además continua señalando que  "el Decreto Ley N°3.500 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, crea un sistema de pensiones de vejez, de invalidez y sobrevivencia derivado de la capitalización individual, sistema que se rige por las normas de esa Ley, prescribiendo que la capitalización se efectuará en organismos denominados Administradoras de Fondos de Pensiones"

Finalmente el fallo señala que por el Decreto Ley N°3.500 no se pueden estimar como ilegal o arbitraria la actuación de Provida de no entregar los fondos, ya que no existe una amenaza ni se ve afectada una garantía constitucional.

El rechazo se da en el contexto en donde las demandas sociales, en las cuales se ve en vuelto el país en las últimas semanas, y que apuntan a tener una jubilación más digna y a una nueva Constitución que de las facultades para que aquello suceda.