Greenpeace llama “histórico” a fallo de Corte Suprema sobre Quintero y Puchuncaví

Greenpeace llama “histórico” a fallo de Corte Suprema sobre Quintero y Puchuncaví

“Se acabó la impunidad medioambiental para el Chernóbil chileno”, indicó la organización en un comunicado difundido este martes.

Agencia Uno
28.05.2019

La organización medioambientalista Greenpeace calificó como “histórica” la sentencia de la Corte Suprema que obliga al Estado a una serie de medidas en Quintero y Puchuncaví. 

“Se acabó la impunidad medioambiental para el Chernóbil chileno”,
indicó la organización en un comunicado difundido este martes.

El máximo tribunal del país ordenó al gobierno a tomar una serie de medidas para proteger a la población de la zona. En una de sus consideraciones más llamativas obliga al traslado de la población vulnerable en caso de episodios de emergencia. 

“En la práctica se trata de evacuaciones masivas de protección que no tiene precedentes en nuestro país. Nos alegra que se termine con la indefensión en la que han vivido miles de chilenos por tanto tiempo”,
señaló Matías Asun, director nacional de Greenpeace en la declaración.


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La resolución del máximo tribunal del país responde a un recurso interpuesto en contra del Presidente de la República, el Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental, ante la respuesta que el gobierno ha tenido frente a los graves episodios de contaminación generados en la zona. 

En este sentido, la Corte Suprema, en su primera consideración, señala que “la autoridad deberá efectuar, a la brevedad, los estudios pertinentes para establecer de manera cierta y fundada cuál es el método más idóneo y adecuado para determinar la naturaleza y características de los gases, elementos o compuestos producidos por todas y cada una de las fuentes presentes en la Bahía de Quintero, Ventanas y Puchuncaví”. 

Para Matías Asun, director nacional de Greenpeace, “el máximo tribunal del país no sólo obliga a desarrollar este estudio, sino que obliga de manera perentoria al gobierno para que, en un plazo máximo de un año, implemente las medidas correctivas necesarias. En la práctica es un reconocimiento claro de que el Estado no ha estado cumplido su obligación de garantizar los derechos fundamentales de los habitantes de la zona, cuestión que evidenció la emergencia y por ello obliga al gobierno no solo a proteger de manera efectiva y perentoria a los vecinos de esta zona de sacrificio, sino que señala que la autoridad debe revisar las autorizaciones ambientales entregadas a las empresas instaladas en la zona y evaluar el efecto sinérgico que estas tienen sobre la salud y el medio ambiente”.


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