La alcaldes de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, anunció que se tomarán "todas las medidas conducentes en términos legales" tras la resolución de la Dirección de Movilización Nacional que determinó "no autorizar" los fuegos artificiales en esa comuna y Valparaíso para los espectáculos de fin de año.
Tras la inspección realizada por la DGMN a los fuegos artificiales, que estaban vencidos por exceder el plazo legal para su utilización, finalmente señalaron: "Tras la evaluación técnica realizada se determinó no autorizar el uso de los elementos pirotécnicos".
En ese contexto, la alcaldesa mencionó que debido al incumplimiento de la empresa proveedora, se tomarán "todas las medidas conducentes en términos legales", acusando una negligencia que involucra un monto millonario.
"El balance es que la seguridad y la integridad de las personas está por sobre todo, si hay un ente técnico que recomienda que no se realicen los fuegos artificiales porque hay riesgo para las personas, por supuesto que lo vamos a acatar", remarcó la edil.
Ripamonti mencionó que la licitación se realizó correctamente en tiempo y forma: "Nosotros contratamos un espectáculo que considera que todo está en buen estado, el proveedor no sólo ha sido negligente, sino que ocultó esto para poder ganar una ajudicación de una licitación pública, en este caso vamos a tomar todas las acciones conducentes para que pueda responder por todas las indemnizaciones y poder ejecutar una boleta de garantía por cerca de 300 millones de pesos".
Consultada sobre por qué no se percataron antes de la caducidad de la pirotecnia, explicó: "No tenemos equipos para poder hacer una ivnestigación táctica ni técnica, ni tenemos la capacidad de probar de manera individual fuegos artificiales, somos municipio", destacó.
En este marco es que insistió que se tomarán todas las "acciones que correspondan y por todas las responsabilidades que pueda haber", calificando al proveedor de "negligente" y que maquinó un "engaño malicioso".
De manera administrativa, el municipio de Viña del Mar intentará cobrar garantías por montos cercanos a los $300 millones.
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