La investigación por la desaparición de María Ercira Contreras entró en una nueva etapa luego de que la Fiscalía resolviera imputar a dos funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), además de la propietaria del Fundo Las Tórtolas, por una eventual obstrucción a la justicia vinculada al manejo de evidencias clave del caso.
De acuerdo con antecedentes recopilados durante la indagatoria, el foco se ha dividido en dos líneas principales: esclarecer las circunstancias en que la adulta mayor desapareció el 12 de mayo de 2024 y determinar posibles irregularidades en la cadena de custodia de los registros audiovisuales del recinto.
La imputación se origina a partir de las declaraciones entregadas por dos testigos relevantes, quienes prestaron testimonio los días 27 de agosto y 25 de noviembre de 2025. Una de ellas es funcionaria de la Fiscalía Local de Limache, quien relató un episodio ocurrido el 3 de julio de 2024, cuando un efectivo de la PDI llegó hasta la recepción del organismo con material correspondiente a grabaciones de las cámaras de seguridad del fundo.
Las irregularidades de los dos funcionarios de la PDI
Según su declaración, el procedimiento no cumplía con los estándares exigidos, ya que el funcionario policial pretendía entregar únicamente la cadena de custodia sin dejar el dispositivo original de almacenamiento.
Ante esa situación, la trabajadora de la Fiscalía advirtió que no podía recepcionar el material de esa forma, considerando además la alta exposición pública del caso. Pese a ello, el funcionario se habría negado a entregar el disco duro, argumentando que era utilizado de manera permanente por su unidad.
A estos antecedentes se suman los análisis técnicos realizados posteriormente. Una perito en video señaló que el material fue presentado de manera irregular y sin información clara respecto al total de horas registradas. Al revisar la cadena de custodia, se detectó que los archivos no contenían un registro continuo de 24 horas, sino solo un fragmento de aproximadamente seis horas de grabación.
En la misma línea, un especialista en criminalística y análisis forense advirtió que la extracción o copia de registros audiovisuales hacia equipos ajenos al sistema original de almacenamiento constituye una vulneración grave a la cadena de custodia, lo que compromete la integridad de la evidencia.
Eventual obstrucción a la justicia
Con estos elementos, la Fiscalía ordenó que los dos funcionarios de la PDI fueran citados a declarar en calidad de imputados por una eventual obstrucción a la justicia. La diligencia se realizó mediante citación formal para comparecer en dependencias policiales de Limache.
Asimismo, en la misma causa fue imputada Mónica Kleinert, dueña del Fundo Las Tórtolas, también por su presunta participación en las irregularidades detectadas en el manejo de los registros de seguridad del lugar donde se perdió el rastro de María Ercira Contreras.
La investigación continúa en desarrollo, mientras el Ministerio Público busca establecer responsabilidades penales en torno al tratamiento de una de las pruebas consideradas clave para esclarecer la desaparición de la adulta mayor.
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