El pasado viernes 23 de enero se dio a conocer nueva información sobre el caso de la mujer desaparecida María Ercira Contreras. Se trata de dos funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) que quedaron en calidad de imputados, además de la dueña del fundo Las Tórtolas, Mónica Kleinert, lugar donde fue vista por última vez.
De acuerdo a los datos exclusivos recopilados por 24 Horas, las tres personas estarían imputadas por posible obstrucción a la justicia, en torno a eventuales irregularidades que habrían ocurrido en la cadena de custodia de las cámaras de seguridad del recinto.
Cabe recordar que María Ercira desapareció el pasado domingo 12 de mayo, día en el que se trasladó junto a su familia hasta un restaurante ubicado en el Hotel Fundo Las Tórtolas de Limache para celebrar el Día de la Madre. Fue en ese lugar donde, luego de concurrir al baño, se le perdió el rastro, dando inicio a una extensa búsqueda.
¿Por qué hay dos PDI imputados?
La Fiscalía emitió una orden en la cual pidió interrogar a dos policías por su eventual obstrucción a la justicia ante eventuales irregularidades en la cadena de custodia de las cámaras de seguridad del lugar.
Esto, luego de la declaración de dos personas que están en calidad de testigos, quienes hablaron los días 27 de agosto y 25 de noviembre de 2025.
DECLARACIONES DE TESTIGOS
La primera testigo, funcinaria de la Fiscalía, aseveró que "el día 3 de julio de 2024 me encontraba trabajando en la Fiscalía local de Limache. No recuerdo exactamente en qué horario llega a la recepción de esta fiscalía el funcionario de la PDI. Me dijo que tenía una cadena de custodia para entregarme".
La cadena de custodia son grabaciones de las cámaras del fundo, entregadas, según ella, de manera irregular por parte de los policías.
"La advertí inmediatamente que, si quería que le reciba la cadena de custodia, tenía que dejarme el disco duro también. Me dijo que no podía dejar el disco duro en la Fiscalía, ya que lo utilizan en la unidad policial, a lo que yo le respondí, 'oye, esto es una causa mediática'", complementó.
Mientras que la perito de video, Nadia Mansilla, señaló que el sujeto arribó "de forma irregular, no señala cuántas horas tiene. Como detectamos esto, pedimos acceso a esa cadena y ahí encontramos que esa cadena no tenía 24 horas de grabación, sino que 6 horas de grabación".
Cantidad de horas no fueron determinadas
La imagen previa deja en evidencia que la cadena de custodia fue entregada sin determinar cantidad de horas o videos respaldados, además de la falta de capacidad para su extracción, algo que habría sido advertido por el otro testigo.
Justamente, el segundo testigo comentó que "estos archivos pesaban varios gigas, más de 16 al menos, por lo cual le dejé avisado a ella, yo no firmé ningún documento como tampoco hice entrega en forma directa con algún funcionario de la PDI como tampoco de Carabineros".
Claudio Muñoz, investigador criminalista - ceo forense, aclaró al respecto que "la extracción o copia de estos antecedentes o estos videos a un computador ajeno a este dispositivo de almacenamiento claramente constituye una falla crítica en esta cadena de custodia".
La dueña del fundo Las Tórtolas, Mónica Kleinert, también fue imputada por obstrucción a la justicia.
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