El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló este martes contra la representante legal de la Fundación ProCultura, en calidad de autora del delito de apropiación indebida.
En detalle, María Constanza Gómez Cruzes acusada del delito de apropiación indebida y de suscribir cuatro convenios de transferencias de recursos por la suma total de 545 millones de pesos. Esto, en el marco del Programa de Recuperación de Barrios.
"De acuerdo con los antecedentes de la investigación, una vez suscritos y aprobados los convenios se procedió a transferir sin más trámite y en una sola cuota los recursos fiscales a la mencionada fundación. Sin embargo, en el transcurso del plazo otorgado para la ejecución de las actividades comprometidas se detectó una serie de incumplimientos de carácter grave y/o reiterados, tanto en el avance físico como en la rendición financiera de las iniciativas", se menciona en la querella.
Entre las irregularidades detectadas está el arriendo de oficinas por parte de ProCultura, "cuyo valor excedía con creces el valor de mercado sin que ninguna autoridad competente en los convenios autorizara dicho gasto, el cual implicaba una destinación desproporcionada de recursos fiscales a un objeto diverso al del convenio".
Asimismo, fueron hallados "errores contables reiterados, cronogramas y planes de trabajo no aprobados por el SERVIU; inexistencia de rendiciones financieras aprobadas y rendiciones técnicas aprobadas sin alcances sólo hasta abril de 2023, resultando evidente el retraso en el cumplimiento de las obligaciones por parte de la fundación".
Es importante recordar que el CDE ya había presentado una medida prejucial para lograr retención de bienes que se encontraran disponibles en la cuenta corriente de la Fundación ProCultura. Sin embargo, la ONG aseveró que no poseía fondos en su cuenta.