La jornada de este domingo 8 de febrero quedó al descubierto un macabro crimen al interior del Complejo Penintenciario de La Serena. Un interno habría dado muerte a su compañero de celda con un cuchillo, para posteriormente cometer supuestos actos de canibalismo, consumiendo partes del cuerpo de la víctima.
A raíz de este violento acto, es que se determinó el retiro del jefe de la cárcel de La Serena, por parte de Dirección Nacional de Gendarmería. En conversación con 24 Horas, su director Rubén Pérez, indicó que, si bien el homicidio del interno aún se está investigando, los antecedentes recabados dan cuenta de que el 4 de febrero se dio la orden de traslado de ambos sujetos a diferentes recintos penales.
"Había una orden de traslado en ambos casos, ambos reclusos condenados no debieron permanecer aquella noche en ese lugar, y su traslado debió ser ejecutado con prontitud a distintas unidades", confirmó Pérez, agregando que la orden fue emitida desde el nivel central, y que actualmente se está investigando por qué no se ejecutó.
"Que hayan recibido la orden formal desde la Dirección Nacional, y que no la hayan ejecutado con prontitud, a nuestro entender generó condiciones propicias a un desenlace fatal", agregó.
Otros de los antecedentes del caso dan cuenta de que la víctima habría manifestado que "estaba en una situación mermada debido a que se había encontrado en huelga de hambre durante varios días consecutivos", lo que se atribuiría a la denuncia de que su integridad se encontraba en peligro.
¿Cómo se determina el traslado de los internos?
Frente a la no ejecución del traslado de ambos internos a otros recintos penales, es que surge la duda de cuáles son los protocolos existentes para estos.
"En algunos de los casos media una solicitud expresa de parte del propio recluso de su defensa o una orden del tribunal. En otros casos obran en nuestro poder antecedentes de régimen interno que dicen relación con el agotamiento de las posibilidades locales para poder clasificarlo y segregarlo dentro de la población, es decir, las limitaciones de infraestructura que pueda tener el establecimiento considerando los niveles de sobrepoblación que hoy enfrentamos".
Con respecto a los plazos existentes de traslado, Pérez destacó que prima el "sentido común y nuestra condición de servidores públicos".