El Juzgado de Pozo Almonte determinó la tarde de este viernes prisión preventiva encontra de Denisse Gallegos Castro, militante del Partido de la Gente y excandidata a diputada por el mismo conglomerado, quien es acusada por tráfico de migrantes en la comuna de Colchane.
De acuerdo a lo informado por el Poder Judicial, en particular la mujer fue imputada por el "delito reiterado de tráfico de migrantes" en la mencionada comuna.
Se determinó que el plazo de invetigación será de 100 días.
🔴EN VIVO: Juzgado de Pozo Almonte decreta la prisión preventiva de funcionaria pública imputada del delito reiterado de tráfico de migrantes en Colchane. Plazo de investigación: 100 días. pic.twitter.com/XLkUV7YReV
— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) December 30, 2022
Fue la Policía de Investigaciones (PDI) la que detuvo este jueves a Denisse Gallegos Castro, militante del Partido de la Gente y excandidata a diputada por el mismo conglomerado.
La investigación de la Fiscalía Regional arrojó que Gallegos "habría facilitado el ingreso de migrantes ilegales al país, aprovechándose de su cargo como encargada de un albergue".
Paralelamente, también fue detenido un guardia de seguridad del complejo, quien habría agredido a un detective durante el procedimiento.
Al respecto, el fiscal Eduardo Ríos, detalló que "en horas de la tarde personal de PDI, específicamente de Policía Internacional, procedió a detener en el complejo fronterizo Colchane a dos personas, una de ellas un guardia de seguridad que agredió a un funcionario causándole lesiones leves, y a una mujer la cual ejercía funciones pública de control migratorio en el referido complejo".
Al respecto, el PDG emitió un comunicado donde recalcaron su confianza en los órganos de justicia y condenaron todo acto que afecta la dignidad de las personas.
"Como partido siempre hemos sido respetuosos de la institucionalidad del país y confiamos en los órganos de justicia respecto a esta situación", indicaron.
Respecto del ilícito, declararon desconocer "completamente los hechos expuestos y desde ya, condenamos completamente cualquier acto que afecte la dignidad de las personas, incluyendo el tráfico de imigrantes, lo cual lesiona los derechos fundamentales y va en contra de la normativa y los preceptos de nuestra colectividad".
Finalmente, como Directiva Nacional anunciaron su solicitud al Tribunal Regional de Tarapacá y al Tribunal Supremo del partido, que "investiguen los hechos, se pronuncien en el mérito de la investigación y apliquen las sanciones que correspondan, incluyendo la expulsión de la colectividad si se determina la culpabilidad del caso en cuestión".