El Juzgado de Garantía de Temuco declaró admisible una querella criminal presentada por el gobernador regional de La Araucanía, René Saffirio, en contra del exgobernador Luciano Rivas, su exjefe de gabinete Juan Pablo Leonelli y otros exfuncionarios, por presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos destinados a un programa de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas de la región.
La acción judicial busca establecer eventuales responsabilidades por los delitos de administración desleal y prevaricación, en el marco de la ejecución del programa de fondos concursables “Reactivación Económica de las MIPYMES”, iniciativa que contó con recursos cercanos a los $9 mil millones y benefició a 328 proyectos.
Entre los querellados se encuentran el exgobernador regional y expresidente del directorio de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo, Luciano Rivas; el exjefe de gabinete y exdirector de la Corporación, Juan Pablo Leonelli; el exdirector de la Corporación Cristian Salas; y la exasesora jurídica Stephanie Caminondo Eyssautier, actual seremi de Justicia. También se incluye al exasesor jurídico Luis Herrera Canales.
Los detalles de la querella
De acuerdo con los antecedentes expuestos en la querella, el eventual perjuicio patrimonial alcanzaría los $5.898.757.180, correspondiente a gastos rechazados durante la ejecución del programa. Según el documento, cerca del 65% de los recursos utilizados fueron observados y rechazados, mientras que otros antecedentes apuntan a que los montos cuestionados podrían llegar al 90% del total transferido.
La investigación sostiene que dentro del proceso de evaluación de proyectos habrían existido decisiones que favorecieron a personas vinculadas a los entornos personales, políticos y comerciales de algunos de los involucrados. Además, se acusa que integrantes de la Comisión de Evaluación Estratégica habrían intervenido en adjudicaciones sin aplicar eventuales deberes de abstención.
Respecto del delito de prevaricación, la querella apunta a los exasesores jurídicos Stephanie Caminondo y Luis Herrera, a quienes se les atribuye un presunto abuso malicioso del ejercicio de su profesión que habría afectado los intereses económicos de la institución.
En paralelo, el gobernador René Saffirio presentó una denuncia por eventuales delitos contra la probidad pública, entre ellos fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias, además de otros ilícitos que puedan surgir durante la investigación penal.
La situación también contempla un sumario administrativo instruido por el Gobierno Regional de La Araucanía y una investigación especial de la Contraloría General de la República sobre el destino de los recursos entregados a los beneficiarios del programa.
