Cuando desapareció Julia Chuñil, su hijo Pablo San Martín Chuñil, actualmente investigado y con arresto domiciliario por la muerte de su madre, presentó una querella criminal representada por la Fundación Escazú, ONG ambientalista, ante el Juzgado de Garantía de Los Lagos, región de Los Ríos.
La organización insiste en que la mujer de 72 años era activista ambiental, esto luego de que la regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, señalara que "no existen antecedentes que permitan afirmar que ejerciera una labor política o de activista organizada. Más bien se trataba de una mujer dedicada a su familia y a sus actividades agrícolas, con una vida propia del ámbito rural".
En una declaración pública difundida en sus redes sociales, escribieron lo siguiente:
"Julia Chuñil fue una defensora de los derechos humanos y del ambiente. Esta es una condición de especial protección reconocida públicamente por órganos internacionales de derechos humanos".
"Julia Chuñil protegió más de 900 hectáreas de bosque nativo, con especies de alto valor ecológico y cultural para el pueblo mapuche, en un contexto de conflicto territorial y de amenazas reiteradas que se extendieron durante años", continuaron.
"Negar la condición de defensora ambiental debilita la investigación, invisibiliza riesgos que enfrentan el territorio y refuerza la impunidad (...) La negativa de reconocer a Julia como defensora marca un peligroso precedente para la creación de un entorno que habilite la defensa de los derechos humanos y del ambiente".
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