La entrega a concesión para empresas de parquímetros ha significado un tremendo perjuicio para miles de familias que ya no pueden estacionar sus autos afuera de sus casas. Los cobros excesivos y abusivos validados por contrato son objeto de crítica, principalmente, porque se trata de la privatización de espacios donde no hubo inversión de parte de la firma beneficiada.
Como respuesta, distintos actores sociales comenzaron a dar vida a una rebelión que tiene como finalidad recuperar las calles para sus vecinos.
En este sentido Recoleta fue pionero a comienzos de año luego que el concejo municipal decidiera unilateralmente caducar el vínculo. Lo siguió el municipio de Castro con similar medida luego que por concepto del contrato ganaba apenas el 7% de los 600 millones que anualmente obtenía la empresa.
Por su parte, en Iquique el alcalde denuncia la existencia de vicios en el contrato que dejan al municipio recibiendo una parte minoritaria de las cuantiosas ganancias. La situación además tiene en la mira a concejales que participaron en el cuestionado proceso de licitación.
Algo distinto es el caso en Los Ángeles, donde la lucha la lidera un movimiento ciudadano contra un proyecto concesionado por la municipalidad para 35 años que, a nueve años de su implementación, presenta una inversión precaria y deficiente.