En 1992 comenzó en La Pintana una historia que para miles de familias de escasos recursos constituía la posibilidad de obtener una casa propia y para el gobierno de entonces una solución a los campamentos.
El proyecto se denominó "viviendas progresivas", estructuras de doce metros cuadrados que no hicieron más que mantener su condición de vulnerabilidad, pero ahora en espacios con nula opción para la privacidad.
Ante la falta de presupuesto, la lógica de la iniciativa impulsada en la administración de Patricio Aylwin fue darle casas de menos calidad a una mayor cantidad de gente con la posibilidad de ampliarse.
Aunque fueron bautizadas como "cajón" o "palomeras", para muchas familias se presentó como la única chance de dejar de vivir como allegados, por lo que accedieron a adquirirlas por un valor de 120 UF, de los que 100 fueron aportados por el Estado como subsidio y tres provenientes del ahorro de los vecinos, mientras que las restantes 17 se pagaban a través de crédito hipotecario.
La segunda etapa fue todavía más problemática, ya que, ante tal nivel de endeudamiento de gente que no tenía cómo pagar, se buscó un acuerdo correspondiente a renunciar a la ampliación a cambio de la cancelación de 50 mil pesos que dejaba sin efecto la morosidad.
Aunque propietarios, su escasa condición los dejó abandonados y condenados a agrandar las viviendas cómo fuera posible. Conoce qué pasó con estos pobladores en el Reportajes 24.