La abogada argentina Agostina Páez, quien permanece retenida en Río de Janeiro desde mediados de enero bajo una investigación por "injuria racial", denunció a través de sus redes sociales ser víctima de una violenta campaña de hostigamiento y amenazas de muerte.
La profesional se encuentra a la espera de una resolución judicial tras un incidente ocurrido con un trabajador en un establecimiento gastronómico.
Mediante su cuenta de Instagram, Páez compartió capturas de pantalla de los mensajes recibidos, tanto en portugués como en español.
Las intimidaciones incluyen frases como “vas a morir”, “cuidado al caminar sola” y “racista no vas a tener paz”, además de agravios sexuales y referencias violentas hacia su familia.
ACÁ LOS MENSAJES:
Algunos de los mensajes expuestos por la defensa sugieren que el sistema judicial brasileño es insuficiente para abordar el caso, incitando a la violencia física contra la abogada.
En el ámbito legal, la defensa de Páez, encabezada por su padre, Mariano Páez, presentó un hábeas corpus de 50 páginas ante la justicia brasileña.
El recurso busca cuestionar la legalidad del proceso y garantizar la libertad de movimiento de la abogada, basándose en los siguientes puntos: El documento alega la existencia de grabaciones de cámaras de seguridad y registros horarios que, según la defensa, no han sido integrados correctamente a la causa y podrían desestimar la denuncia original.
Por otro lado, el planteamiento legal critica el uso de la imagen de Páez en campañas públicas contra el racismo en Brasil, argumentando que dicha exposición es ilegal mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
Racismo en Brasil: ¿Por qué está detenida?
El caso de Agostina Páez se enmarca en un endurecimiento de la legislación brasileña respecto a los delitos de odio. En Brasil, la Ley 14.532/2023 equiparó la injuria racial al delito de racismo, lo que implica que el hecho es imprescriptible y no admite fianza.
Actualmente, la ciudadana argentina tiene prohibida la salida del país mientras el Ministerio Público de Río de Janeiro evalúa las pruebas para determinar si procede una acusación formal ante los tribunales.
