El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresó cuatro nuevas querellas en distintas regiones del país en contra de Alberto Larraín Salas, director ejecutivo de la Fundación Procultura, y de su representante legal, María Constanza Gómez Cruz.
Las acciones judiciales, presentadas ante los Juzgados de Garantía de Valparaíso y Chillán, apuntan al delito de fraude al Fisco y también incluyen a funcionarios públicos que habrían participado en la firma de convenios cuestionados entre la fundación y organismos estatales.
Según detalló el organismo, las nuevas acciones penales buscan establecer responsabilidades en la suscripción de convenios entre Procultura y la Seremi de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el Serviu de Valparaíso y el Gobierno Regional de Ñuble.
Estos acuerdos estaban destinados a ejecutar proyectos vinculados, en un caso, a un programa de asentamientos precarios y, en otro, a la iniciativa denominada “Transferencia fortalecimiento de la integración con Argentina, Encuentro Binacional Ñuble”.
Además, el CDE presentó querellas por apropiación indebida contra Gómez y Larraín, así como contra todos quienes resulten responsables por la presunta distracción de recursos públicos entregados a Procultura mediante convenios firmados con los Gobiernos Regionales del Biobío y de la Región Metropolitana.
El presidente del CDE, Raúl Letelier, sostuvo que el organismo ha mantenido un trabajo sostenido para esclarecer las eventuales irregularidades cometidas por la fundación.
“Como institución hemos mantenido una labor constante de estudio y análisis en aquellos asuntos referidos a convenios de transferencia de recursos públicos entre organismos del Estado y la mencionada Fundación, tanto desde la perspectiva penal como civil, a fin de resguardar los recursos fiscales que nos pertenecen a todos los chilenos”, afirmó.
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