La Contraloría General de la República ordenó suspender la compra-venta del inmueble destinado a ser la futura "clinica municipal" de Santiago tras una serie de reclamaciones presentadas ante el organismo por un posible sobreprecio en la transacción por parte del municipio liderado por Irací Hassler.
La adquisición de la clínica, ubicada en Sierra Bella 1181, generó polémica al interior de la administración municipal.
Esto, surgió luego de que la concejala Rosario Carvajal denunciara diferencias en el monto de la transacción, donde el municipio pagó $8.200 millones por un inmueble cuyo avalúo fiscal es de $2.000 millones y el precio pedido antes del interés municipal bordeaba los $3.347 millones.
El pasado miércoles 18 de enero se aprobó, con mi voto de abstención, la adquisición de la clínica Sierra Bella en $8 mil millones y fracción, la misma que hasta algunos meses, según denuncias, estuvo publicada en $3.347 millones (1) pic.twitter.com/xZqQlBbPFY
Respuesta de Hassler
Cabe mencionar que la alcaldesa Hassler respondió a las críticas y denuncias en contra de esta compra, señalando que "el avalúo fiscal no es lo mismo que el de venta. Este fue un elemento que estuvo presente en el concejo municipal, siendo apoyado por unanimidad".
Además de lo anterior, la jefa comunal dijo que "pondremos a disposición todos los antecedentes para demostrar que este proceso ha contado con probidad y cumpliendo la normativa".
"La clínica es una necesidad para la ciudadanía y funcionarios. Avanzamos en responder en pos de la salud pública", añadió.
Contraloría congela compra-venta
Tras recepcionar diversas reclamaciones, la Contraloría notificó este jueves a la alcaldesa Irací Hassler de que deberá abstenerse de ejecutar actuaciones destinadas a materializar la adquisición de la Clínica Sierra Bella.
La medida busca congelar las acciones del municipio hasta que el ente contralor no adopte una determinación acerca del procedimiento jurídico relacionado con la compra del inmueble.
Cabe mencionar que "los actos administrativos del sector municipal están exentos del trámite de toma de razon, por lo tanto, no pasan el control de legalidad del organismo". No obstante a ello, sí puede fiscalizar la inversión de los recursos públicos en base al artículo 9 de la Ley 10.336.