El Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó una fiscalización extraordinaria para evaluar la transparencia y rendición de cuentas en el uso de los Fondos Puente —Fondo de Comunas Mineras y Fondo de Equidad Territorial— provenientes del royalty minero durante 2024 y una muestra correspondiente a 2025. El análisis se centró en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley N° 21.591 y en la Ley de Presupuestos 2024, esta última imponía la obligación de publicar información detallada sobre estos recursos en los portales de transparencia activa municipales.
Los resultados fueron categóricos: un 61% de las municipalidades beneficiarias (187 de 307) no publicó los reportes exigidos en el ítem “Información Presupuestaria”, sub ítem “Informe fondos transitorios Royalty a la Minería”. Las causas de incumplimiento incluyeron la ausencia del sub ítem correspondiente, la falta de publicación de reportes, información incompleta o publicación en ubicaciones distintas a las estipuladas.
Recursos millonarios sin control claro
Durante 2024 se distribuyeron $93.645 millones entre las 307 comunas beneficiadas, recursos que tienen carácter de libre disposición, salvo para el pago de deudas. El CPLT detectó también que un 24% de las 38 comunas que no recibieron fondos incumplieron igualmente la obligación de informar que no fueron beneficiarias.
A pesar de las deficiencias en la publicación pública, la información remitida a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) muestra que el 100% de las municipalidades imputó los recursos a algún ítem presupuestario, con un 97% reportando gastos efectivos. La distribución de estos fondos fue diversa: un 37% se destinó a inversión, un 23% a bienes y servicios de consumo, un 18% a transferencias corrientes, un 12% a adquisición de activos no financieros y un 8% a personal.
Usos variados y algunos millonarios
Entre los municipios que más fondos recibieron están:
- Puente Alto
- Calama
- Maipú
- Copiapó
- La Pintana
En cuanto a los mayores gastos reportados, destaca la Municipalidad de Maipú, que transfirió $1.670 millones a su Corporación Municipal de Educación (CODEDUC). Le siguen La Pintana, con $1.332 millones en recarpeteo de calles; La Granja, con $732 millones en aseo domiciliario; Cerro Navia, que destinó $628 millones al pago de sueldos; y San Ramón, con $514 millones en mantención de calles y jardines.
La fiscalización también evidenció una gran variedad de usos: ayudas sociales a personas y organizaciones comunitarias, celebraciones comunales, producción de eventos, compra de vehículos como ambulancias y buses, y adquisición de mobiliario y equipos tecnológicos, entre otros.
2025: aún menos transparencia
Para 2025, la Ley de Presupuestos ya no contempla la obligación de transparencia activa sobre estos fondos, lo que complica el seguimiento ciudadano. La revisión de 20 municipios realizada por el CPLT reveló que solo un 20% publica voluntariamente información sobre el uso de estos recursos, sin estandarización en los formatos.
Además, de 21 solicitudes de información realizadas por el CPLT a esta muestra, un 71% respondió en plazo, un 14% fuera de plazo y otro 14% no respondió.
La presidenta del CPLT, Natalia González, señaló que: “La normativa es clara al establecer que los recursos provenientes del royalty minero que se distribuyen a las municipalidades deben gastarse en promover la inversión, el desarrollo y mejorar la calidad de vida de las comunidades. Asimismo, se trata de cuantiosas sumas de dineros públicos. Por ello, conocer cómo se gastan es una materia de alto interés público, que los ciudadanos tienen derecho a conocer. Los resultados de nuestra fiscalización evidencian que los gobiernos locales aún tienen una brecha importante en transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de estos recursos. El compromiso de nuestra corporación es a acortar esta brecha con todas las herramientas que la ley nos otorga”.
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