Un reciente informe de la organización británica Environmental Justice Foundation (EJF), titulado "Invisible e impune", encendió las alarmas en el sector pesquero nacional. El documento revela una amenaza directa a la sostenibilidad del Pacífico Sur debido a la operación masiva y desregulada de flotas asiáticas, advirtiendo que los buques chinos en terminales chilenos se multiplicaron por 16 veces durante el último año.
El hallazgo más crítico de la investigación detalla un cambio estratégico en la logística de la flota china, que opera con 528 buques calamareros en el área de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS).
Históricamente, estas naves utilizaban puertos peruanos para abastecimiento. Sin embargo, tras la exigencia de Perú de instalar sistemas de seguimiento satelital obligatorios, la flota desvió sus operaciones hacia Chile para evitar dichos controles. Las cifras son elocuentes: mientras que en 2024 las recaladas en Chile fueron menos de 10, en 2025 aumentaron a cerca de 160, mientras que en Perú los arribos cayeron a cero.
Alfonso Miranda, presidente de Calamasur, calificó este movimiento como sospechoso: "Prefieren gastar millones de dólares adicionales al año en desplazarse hacia Chile en lugar de invertir en un dispositivo satelital que cuesta menos de US$ 100 al mes. No cuadran las cuentas", señaló a Diario Financiero.
Las exportaciones chilenas de jibia alcanzaron los US$ 178 millones en 2024, un alza del 56,2% respecto al año anterior. Actualmente, la captura en Chile es realizada exclusivamente por una flota artesanal de 1.800 embarcaciones, tras la prohibición del arrastre industrial en 2019 (Ley 21.134).
El informe de la EJF vincula a la flota china, responsable del 98,7% de la pesca de jibia en aguas internacionales del Pacífico Sudeste, con graves delitos:
-
Ambientales: Detección de aleteo de tiburones en el 60% de las naves y captura intencional de mamíferos marinos en un 33%.
-
Derechos Humanos: Denuncias de trabajo forzoso y el registro de al menos 41 tripulantes fallecidos a bordo entre 2013 y 2023.
Por otro lado, la Environmental Justice Foundation instó a que, en la próxima reunión de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS), que se realizará en Panamá, los Estados costeros —entre ellos Chile— actúen con una postura coordinada y firme.
La organización recomendó fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, planteando que las embarcaciones de aguas distantes que utilicen puertos chilenos cumplan con los mismos estándares de monitoreo y control exigidos a la flota nacional, así como a la de países vecinos como Perú.