La Corte Suprema acogió un recurso de queja y confirmó la sentencia de primera instancia que condenó al Banco Scotiabank por incumplir su deber de seguridad, tras un fraude bancario que afectó a un cliente.
Según estableció el tribunal, el caso se originó en marzo de 2020, cuando desconocidos obtuvieron de manera fraudulenta un crédito a nombre del afectado mediante la plataforma web del banco y, minutos después, utilizaron esos recursos para realizar tres transferencias por $11.480.043, $3.356.561 y $2.553.020, vaciando prácticamente la totalidad de los fondos disponibles en su cuenta. En total, el perjuicio superó los $17 millones.
La resolución sostiene que todas las operaciones fueron efectuadas desde una dirección IP distinta a la utilizada habitualmente por el cliente, sin emplear las claves de la tarjeta de coordenadas y sin que se enviaran las alertas de seguridad al correo electrónico registrado.
En ese contexto, la Corte indicó que "si el banco recurrido tiene por práctica comercial entregar este tipo de créditos de manera remota, a cualquier hora del día, debe asumir los riesgos que aquello entraña", agregando que esas transacciones debieron activar los sistemas de monitoreo y prevención de fraudes.
Asimismo, el máximo tribunal concluyó que el banco no acreditó haber realizado una investigación suficiente ni haber adoptado todas las medidas de seguridad exigibles, limitándose a atribuir responsabilidad al cliente. Por ello, enfatizó que "las obligaciones de monitoreo y control de fraudes jurídicamente recaen, de manera expresa, en la entidad bancaria", y resolvió "SE ACOGE el recurso de queja (...) y (...) SE CONFIRMA la sentencia apelada", manteniendo la condena contra Scotiabank y la indemnización a favor del cliente afectado.
Por lo anterior se estableció una indemnización de $17.389.624, correspondiente al dinero transferido fraudulentamente desde la cuenta corriente del cliente, monto que debe pagarse reajustado según la variación del IPC desde la fecha de los hechos hasta su pago efectivo, además de los intereses que el cliente pagó al banco por la transferencia fraudulenta desde su tarjeta de crédito.
En cuanto al banco, se estableció una multa de 25 UTM, poco más de un millón 700 mil pesos.
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