El Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó sentencia a los 17 responsables por la venta de licencias médicas falsas, un fraude que supea los $30 mil millones de pesos de perjuicio para Fonasa y las Isapres.
De acuerdo con la investigación, entre 2020 y 2022 la organización habría emitido más de 80 mil licencias médicas fraudulentas, generando un perjuicio estimado para el Fondo Nacional de Salud de $31.571.798.633.
En la audiencia de sentencia realizada hoy, se indicó que las penas serían "de trece a veintiún años de cárcel efectiva" para los nueve doctores implicados en la venta de licencias médicas falsas, según señaló el fiscal metropolitano oriente, Álvaro Pérez.
Hasta el momento, los médicos fueron condenados en el esquema defraudatorio, donde se les aucusó de tres tipos de delitos, asociación ilícita, lavado de activos y la venta de licencias médicas falsas, las cuales eran otorgadas según la cantidad de días de reposo otorgados.
La jueza Alejandra García hizo hincapié en la gravedad del fraude: “Participaron cada uno en el rol y con la aportación funcional que se ha establecido en los considerandos que anteceden, en la emisión y venta sistemática y masiva de licencias médicas ideológicamente falsas y ocasionando uno de los mayores fraudes al erario fiscal de los que se tenga registro en la historia judicial reciente del país”, finalizó la magistrada.
El fiscal Álvaro Pérez, por otro lado, aseguró: “Los que no fueron condenados a penas efectivas no fueron los médicos, si no que fueron compradores de licencias médicas y esas personas fueron condenadas a penas de a lo menos cuatro años”.
Restitución del dinero
La información entregada en la audiencia de sentencia señaló como responsables a 17 personas por la venta de licencias fraudulentas. Donde 9 serían médicos, 2 personas identificadas como captadores, 4 compradores y 2 responsables de los centros de salud Dr. Mitite, prevenir y Campos donde se realizaban las consultas médicas falsas.
Finalmente, en la información entregada hoy se indicó que los responsables deberán restituir parte del dinero malversado. Lo anterior se debe a multas y una demanda civil interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, acercándose a los $25 mil millones de pesos, de manera solidaria según el grupo criminal identificados en los delitos de asociación ilícita.
