Un análisis de Contraloría reveló una particular diferencia en el comportamiento de las prestaciones de salud: los exámenes diagnósticos aumentaban al doble de velocidad que las consultas médicas, situación que levantó alertas respecto de la forma en que se estaban realizando algunas prestaciones financiadas por Fonasa.
La investigación abarcó a cinco prestadores priorizados, que en conjunto registran 71.040 beneficiarios, 330.946 bonos de atención y cerca de 1,94 millones de prestaciones. Además, representaron un costo de más de $7.980 millones para Fonasa (FAM) durante 2025 y 2026. El monto bruto facturado por los cinco prestadores, en tanto, supera los $15.900 millones.
De acuerdo con los antecedentes analizados, el fraude se habría concretado a través de los denominados operativos de salud comunitarios, que son ofrecidos como gratuitos y suelen instalarse en sedes vecinales, casas de la cultura, municipios y empresas.
La convocatoria apunta a beneficiarios de Fonasa de los tramos B, C y D, a quienes se les ofrecen exámenes preventivos sin ninguna justificación médica.
Sin embargo, según los antecedentes de la investigación, tras entregar su cédula de identidad y huella digital, a algunas personas se les habrían emitido bonos de atención a su nombre por prestaciones que no habían solicitado o que desconocían.
De hecho, entre los beneficiarios consultados, un 64,3% aseguró desconocer que Fonasa pagaría al prestador un bono emitido a su nombre.
¿Por qué los operativos apuntan a los tramos B, C y D?
La convocatoria se dirige específicamente a beneficiarios de los tramos B, C y D de Fonasa, dejando fuera al tramo A. Esto se explica porque las personas pertenecientes al tramo A se atienden mediante la Modalidad de Atención Institucional y no pueden acceder a la compra de bonos bajo la Modalidad de Libre Elección (MLE). Por esta vía, los prestadores no pueden emitirles bonos ni facturar prestaciones al Fondo.
Otro elemento identificado corresponde a un mecanismo técnico utilizado para la emisión de los bonos: la denominada "liberación de huella transitoria" mediante I-MED. También existen testimonios de personas a quienes, ante una eventual caída del sistema, se les habría solicitado realizar una llamada telefónica para obtener un folio y completar el proceso.
De esta manera, el problema no solo involucraría los recursos de Fonasa, sino también a los propios beneficiarios, quienes, según los antecedentes recopilados, podrían haber sido incorporados a operativos donde se generaron prestaciones a su nombre sin que necesariamente tuvieran conocimiento de ello.
Uno de los casos que destaca en el análisis corresponde a Núcleo Ecografías Bebé, prestador que, según los antecedentes revisados, en lo que va de 2026 ha facturado a Fonasa cinco veces el monto registrado durante todo 2025.
En el grupo de exámenes de laboratorio, que concentra el 86% de la facturación, el promedio alcanza cerca de 25 exámenes por persona, examenes que no responder a una necesidad clínica del paciente, sino que a un paquete de pruebas prediseñado e idéntico para distantas personas.
