Angustia, incertidumbre y temor a quedarse sin sustento económico es lo que hoy viven miles de adultos mayores luego de recibir una inesperada carta del Instituto de Previsión Social (IPS), en la que se les informa la suspensión del pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU) por un supuesto incumplimiento de los requisitos legales.
Según denunciaron los afectados, cerca de 13 mil personas fueron notificadas de la cancelación del beneficio, bajo el argumento de haber permanecido fuera del país por más de 180 días durante el último año calendario, situación que, en muchos casos, aseguran nunca ocurrió.
“Dice que le extinguieron la PGU porque había viajado 180 días fuera del país. Mi mamá no tiene pasaporte, nunca ha viajado fuera del país. Es grave, es grave porque le están quitando la pensión a los abuelos, a los adultos mayores, a gente que vive solamente de este beneficio”, comentó la madre de uno de los afectados.
En la misma línea, una adulta mayor aseguró que “muchas personas están pasando malos momentos por un descuido y por un desorden que tiene esta gente. Nos tratan como delincuentes y, a la vez, nos llevan a que nosotros solucionemos los problemas”.
“Yo no sé cuánto irá a durar esto que pasó, que nos detuvieron la pensión, no tengo idea. No sé qué pensar, si esto se va a solucionar o realmente vamos a quedar sin dinero, sin la pensión, expresó con preocupación otra de las personas que perdió la PGU.
Para revertir la situación, la carta exige a los beneficiarios solicitar un Certificado de Viaje a la Policía de Investigaciones (PDI), institución que, paradójicamente, es la misma que entrega los registros migratorios que el IPS utiliza como base para suspender los pagos.
De no corregirse este error administrativo, aproximadamente $3.380 millones dejarían de pagarse, afectando directamente a adultos mayores que hoy dependen de la PGU como su principal -y muchas veces único- ingreso para subsistir.
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