En septiembre de 2017 se promulgó en Chile la Ley Nº 21.030 o Ley de Aborto, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: peligro para la vida de la gestante, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación.
A más de seis años de su publicación en el Diario Oficial, miles de mujeres se acogieron a la interrupción voluntaria del embarazo bajo las tres causales establecidas, de las cuales 995 corresponden a casos de violación.
Sin embargo, Corporación Humanas emitió un informe en el que se detalla que el 45,8% de los médicos del sistema público de salud se declaran "objetores de conciencia" en casos de aborto por la causa 3 (violación) y que en cinco hospitales del país no existe ningún profesional dispuesto realizar el procedimiento por esta causal.
"4 de cada 10 obstetras que atienden el el sistema público no van a atender a una mujer o una niña que curse un embarazo producto de una violación y que solicita la interrupción de ese embarazo conforme a la ley", indicó Camila Maturana, directoria de Corporación Humanas.
Pero, ¿por qué se niegan? Iván Paul, jefe de División de Gestión de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, explicó que "tal vez no se hicieron todas las capacitaciones que hubiésemos querido o hubiésemos necesitado".
"Pero estamos en eso trabajando con la división de las personas para aumentar esa capacitación y que ese efecto no se produzca", agregó.
Sobre la misma, Maturana señaló que "la ley da un permiso para no cumplirla, básicamente, por razones de conciencia, morales, religiosas. Esto se traduce en que la persona simplemente firma un formulario se acoge a la objeción de conciencia en cualquiera de las 3 causales y es reconocido su derecho a no participar en ese procedimiento".
Esta opción la han tomado la totalidad de médicos de cinco hospitales: hospital de Puerto Aysén, en la región de Aysén; el de Victoria, en La Araucanía; el de Santa Cruz, en O'Higgins; y el de Constitución y Cauquenes, en el Maule.