La Fiscalía Regional de Los Lagos decretó ampliar la detención de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, en el marco de la formalización que se está realizando en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago por delitos de cohecho reiterado y lavado de activos.
El Tribunal anunció que la formalización de la exministra se reanudará el martes 27 de enero y, en tanto, Ángela Vivanco permanecerá recluída en el centro de Gendarmería de San Joaquín.
Tras el término de la audiencia, Jorge Valladares, abogado de Vivanco señaló que, "para nosotros es una medida desproporcionada e innecesaria. Doña Ángela Vivanco ha estado disponible a distintos actos del procedimiento, no solo del procedimiento, sino que incluso cuadernos administrativos en los que ha comparecido voluntariamente declarar, y ha estado perfectamente y permanentemente disponible en cada una de las situaciones que se han dispuesto a su respecto, y ha prestado la colaboración necesaria".
Agregó que, "cuando se sopesa eso en relación con la necesidad de despachar una orden de detención para asegurar su comparecencia, a nosotros nos parece que técnicamente no corresponde".
"En definitiva, esta solicitud debe hacerse por escrito, ustedes comprenderán que va la urgencia y la situación, solicitud debe hacerse por escrito", enfatizó.
En este sentido, dijo que, "dada la urgencia y la situación, es imposible que la defensa hubiese estado en condiciones y hacemos un ingreso de una solicitud escrita, y por el contrario, el planteamiento sí se hizo, que tiene que ver con la debida defensa y la cautela de las garantías que están siendo conculcadas, que a nosotros nos parece evidente".
Cabe señalar que, la exintegrante del máximo tribunal fue detenida por Carabineros la noche del pasado domingo y compareció esposada ante el magistrado Cristián Sánchez.
La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, narró los hechos por los que se formalizó a Vivanco y el fiscal Marco Muñoz fundamentó la solicitud de cautelares.
Según se desprende de la investigación, Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles, recibieron al menos 90 millones de pesos mientras se tramitaban las causas por la disputa con Codelco del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, que era representado por los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.
Se presume que los cuatro se concertaron para favorecer al consorcio al que la estatal debió pagar cerca de 12 mil millones de pesos. Migueles y ambos abogados están en prisión preventiva desde el 15 de noviembre, por este supuesto pacto.
“Con infracción a sus deberes del cargo, durante la tramitación de recursos de protección ante la Corte Suprema, concurrió con su voto a resoluciones favorables a las pretensiones procesales y pecuniarias de CBM, que obligaron a Codelco a desembolsar sumas millonarias al consorcio, dineros con los que la empresa pagó honorarios a los abogados, procediendo estos, con parte de estos recursos, a dar beneficios económicos a la entonces ministra Vivanco y a su conviviente, Víctor Gonzalo Migueles Oteíza, quien, concertadamente con ella, facilitó los medios para recibir el pago”, afirmó la fiscal.
