Caso ProCultura: Frente Amplio acusa "estrategia de espionaje con fines políticos" tras celulares intervenidos

En el marco de la indagatoria que se realiza por el caso ProCultura y las escuchas telefónicas dadas a conocer en torno a la conversaciones que mantuvo el Presidente Gabriel Boric y la psiquiatra Josefina Huneeus (exesposa de Alberto Larraín, fundador de la organización), este sábado el Frente Amplio emitió un comunicado acusando una "estrategia de espionaje con fines políticos". 

Cabe señalar que durante esta jornada se revelaron nuevos antecedentes que podrían evidenciar un posible financiamiento irregular de la campaña del Mandatario en el año 2021, razón por la cual el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, pidió intervenir el teléfono del Jefe de Estado.

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En concreto, se develó un requerimiento de fiscal -quien lidera la indagatoria del caso ProCultura- donde alude a eventuales dineros que se habrían obtenido mediante convenios adjudicados por la fundación y que habrían sido utilizados para financiar la campaña del actual Presidente Boric.

La reacción del Frente Amplio

Ante estos nuevos antecedentes, desde el Frente Amplio emitieron una declaración pública, donde indicaron que "primero, respecto a la información revelada por la prensa con relación a la investigación judicial sobre ProCultura, no existe ningún indicio que vincule al partido financieramente con la fundación investigada". 

"Todas las cuentas partidarias y de campaña han sido debidamente revisadas y aprobadas por el Servicio Electoral y la información ahí contenida es de carácter público. Lo difundido, por tanto, tiene como finalidad instalar la sospecha sólo en base a la existencia de vínculos personales y conversaciones informales", añadieron. 

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En segundo lugar, "con respecto a las escuchas que buscan involucrar al Presidente, el fiscal Cooper replica una estrategia judicial que parece haberse vuelto en una práctica recurrente, basada en la instalación de información parcial y discrecional a través de la prensa, con el único fin, en este caso, de desprestigiar al Presidente y generar dudas infundadas sobre una causa que, según el propio tribunal, no lo involucra", manifestaron. 

"Tercero, escuchar ilegalmente las conversaciones de terceros constituye espionaje y atenta directamente contra la libertad individual de las personas. Al no estar imputada en la causa, la interceptación de la comunicación de Josefina Huneeus es ilegal y esta debió haber cesado una vez que se constató que el teléfono era de su propiedad", complementaron desde el FA. 

Como cuarto punto, enfatizaron que "resulta grave que se haya intentado pinchar el teléfono de la máxima autoridad de la República en dos ocasiones, sin fundamento suficiente, lo que queda demostrado con el rechazo por parte del Juzgado de Garantía por falta de antecedentes fidedignos. Esto resulta gravísimo, atenta contra la democracia y las instituciones". 

"La magnitud de las interceptaciones (...) no responde a una auténtica búsqueda de pruebas, sino que parece más bien una estrategia de espionaje con fines políticos, que rechazamos categóricamente, y que no solo daña a personas en específico, sino que a toda la institucionalidad del Ministerio Público y a nuestra democracia", sentenciaron.