Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de la región de Antofagasta y uno de los querellados por el Consejo de Defensa del Estado por el caso Democracia Viva, emitió una declaración en la que realizó una serie de objeciones a la querella que tiene como base el lapidario informe emitido por Contraloría.
Además de descartar “tajantemente haber cometido alguno de los delitos que se me imputan en la actualidad”, la exautoridad acusó que en la querella faltan a la verdad en algunas aseveraciones, dado que, como acusó, el visado de los proyectos requería la firma de más de una autoridad.
“Se hacen aseveraciones que faltan a la verdad y que además no tienen lógica por que sin la aprobación de las Jefas regional y nacional de asentamientos precarios más la firma de la Directora de SERVIU, que participaban también en todo esto, no podría realizarse el convenio. Toda esta situación se condice con el visto bueno entregado por los encargados del SERVIU, respecto de las labores realizadas por Democracia Viva ya que desde allá se revisa y da visto bueno a los informes técnicos entregados por ellos”, expuso.
“Nada se dice respecto a las responsabilidades sobre la fragmentación de recursos en pequeños convenios, en donde cobra relevancia el ordinario 339 del 8 de febrero del 2022,que da cuenta de las personas, tanto de la directora de SERVIU de la época, Sonia Gimenez, como de la encargada de Asentamientos Precarios, que solicitan y aprueban dicha gestión. Esto se da justo antes del inicio de nuestra administración”, agregó.
En la declaración sostuvo también: “Se omite también que la asistencia técnica desde fundaciones en labores serviu-minvu, se implementó en 2020 siendo la Jefatura de asentamientos precarios desde SERVIU quien propiciaba el mecanismo el cual fue replicado en la SEREMI desde 2021 y que finalmente antes del año de gestión fui yo quien solicitó revisión y rectificación del procedimiento”.
Respecto a los dineros, específicamente a los 391 millones de pesos tildados como perjuicio fiscal, Contreras aseguró que “es de público conocimiento que esos dineros no se gastaron, que están congelados por acción judicial en las cuentas de democracia viva y que hay un margen mucho menor a ese monto que quedó entrampado en el proceso de rendición. Aquel dinero no está perdido”.