La diputada por la región de O'Higgins, Natalia Romero (Ind. UDI), ofició a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que inicien las investigaciones correspondientes y estudien la presentación de acciones judiciales. La acción se origina tras revelarse un despilfarro de más de $513 millones en la Subsecretaría de Transportes durante la implementación de la nueva “Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte”, conocida como “Ley Uber”.
De acuerdo con lo expuesto por Informe Especial de TVN, el Ministerio de Transportes debió poner término anticipado al contrato con la empresa Concordia Ediciones SpA. Dicha empresa era la encargada de desarrollar el Registro de Empresas de Transporte (EAT), una plataforma esencial para alojar la información de conductores, pasajeros y viajes. El contrato, que ascendía a 13 mil UF, fue rescindido en agosto debido a graves incumplimientos y falencias en el servicio.
Preocupación por recursos públicos
La parlamentaria Romero expresó su preocupación no solo por los más de $513 millones malgastados, sino también por los casi $800 millones adicionales que el Ejecutivo habría destinado para contratar a una nueva empresa, lo que representa un 55% más del presupuesto original.
“Estamos frente a un despilfarro millonario de recursos públicos, del cual el Ejecutivo no puede desentenderse, porque fueron ellos quienes contrataron vía trato directo a esta empresa y tenían la obligación de planificar y supervisar el desarrollo de esta plataforma, lo que evidentemente no hicieron”, señaló la diputada.
La diputada detalló que remitió los antecedentes a la Contraloría para que investigue el trato directo realizado por la Subsecretaría de Transportes y los montos involucrados. Paralelamente, solicitó al CDE que estudie la interposición de una querella por los eventuales delitos que pudieran configurarse.
Asimismo, Romero anunció que solicitará a la comisión de Obras Públicas y Transportes de la Cámara de Diputados citar con urgencia al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y al subsecretario Jorge Daza, con el fin de que entreguen mayores antecedentes sobre lo ocurrido.
“Aquí no solo hay recursos públicos que se deben recuperar, sino que además existen responsabilidades políticas y administrativas que deben asumirse. El país merece una explicación clara y transparente, y lo mínimo que corresponde es que las autoridades den la cara en el Congreso para responder por este grave perjuicio fiscal”, enfatizó.
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