La diputada independiente Camila Musante presentó un proyecto de ley que busca modificar y aumentar los estándares de la actual Ley de Lobby.
Lo anterior, tras la polémica que surgió por las reuniones que sostuvieron diversos ministros del Gobierno del Presidente Gabriel Boric con el exalcalde y ahora lobbista, Pablo Zalaquett.
De hecho, el pasado viernes cinco ministros anunciaron que registrarán bajo la Ley de Lobby las respectivas reuniones que mantuvieron con Zalaquett.
Según información recopilada por Canal 24 Horas, se trata de Nicolás Grau (Economía), Jeannette Jara (Trabajo), Alberto van Klaveren (Relaciones Exteriores), Maisa Rojas (Medio Ambiente) y Esteban Valenzuela (Agricultura), mientras que, por su parte, la ministra Carolina Tohá (Interior) descartó ingresar el encuentro en la plataforma tras insistir en que "no reúne los elementos" de lobby.
En este contexto, la parlamentaria Musante presentó una iniciativa para cambiar esta ley, la cual contempla "un aumento de las penas y multas", según detalló.
¿Qué indica la propuesta?
La diputada explicó mediante un video que "he presentado un proyecto de ley que modifica la actual Ley de Lobby y otros cuerpos normativos con la finalidad de poner fin a la puerta giratoria del poder".
"En primer lugar, estableciendo una inahibilidad de cinco años para quienes ocupen altos cargos dentro de un Gobierno, como los ministros por ejemplo, de integrar posteriormente la directiva de una empresa de la cartera de la cual estuvieron a cargo", puntualizó.
En segundo lugar, "estableciendo un registro de carácter público de las agendas que lleven las autoridades, tanto quienes hayan sido electos popularmente, como los parlamentarios, los alcaldes, los gobernadores regionales, así como también las autoridades del Gobierno central", dijo.
"Y, finalmente, un aumento de las penas y las multas para el caso del incumplimiento de la normativa de Lobby", especificó, agregando que "con esto esperamos contribuir a que se pueda poner fin a la influencia del dinero dentro del poder político".
Entre los puntos más relevantes del texto presentado por Musante, se señala que "el presente proyecto propone, en primer lugar, consignar de manera expresa los principios que debe tener a la vista la autoridad al momento de ponderar si una reunión con un privado reviste o se enmarca en la regulación de la ley o no".
Además, se precisa que "el proyecto propone establecer un plazo de vacancia dentro del cual las autoridades que dejan un cargo no puedan incorporarse al registro de Lobby o Gestores de Intereses".
Otro de los aspectos que destaca es el relacionado a las sanciones de multa, las cuales "se aumentan considerablemente". El texto señala que "actualmente la ley establece un máximo de 50 UTM (aproximadamente 3,2 millones de pesos), lo cual no es una cifra que sirva de escarmiento para empresas, lobistas y autoridades que vulneren la norma. Por ello, proponemos elevar dicha cifra hasta 500 UTM, pudiendo incluso elevarse aún más al calor de la discusión del presente proyecto".
"Respecto a las reuniones propiamente tal, se propone que aquellas que se caractericen por ser 'secretas', esto es, que no sean incluidas dentro del Registro Público, deban ser necesariamente realizadas en edificios públicos o de uso público. Con ello, las reuniones tendrán al menos un registro de quien ingresó al edificio, aún cuando no se registre la materia de la reunión por razones de seguridad nacional", agrega la propuesta.
Finalmente, expresa que "se proponen sanciones tanto para el sector público como para el sector privado, adicionales a las multas, que van desde la inhabilidad para ejercer determinados cargos, la eliminación del registro de Lobbistas para quienes que se dedican a la actividad eventualmente incumplan la ley, y sanciones para personas naturales u jurídicas de inhabilitación para contratar con el Estado, en los casos que se indican".
Revisa el proyecto acá: